La amenaza de estatizar YPF inquietó al empresariado
Argentina – 02/03/2012 – Clarín – Pág. 29/Sección: Opinión – Tiempo de Lectura: 4′ 22»
Panorama empresarial
Panorama empresarial
La avanzada para intervenir la petrolera se sumó a las injerencias que el Gobierno despliega sobre el ámbito privado, las cuales afectan contratos y repartos de utilidades.
Marcelo Bonelli
mbonelli@clarin.com
Existe una impresión profunda en todas las entidades empresarias: el nuevo gobierno de Cristina Kirchner concretó un giró sobre su discurso preelectoral y ahora lleva adelante una política económica con fuerte sesgo antiempresarial. Lo dicen en privado los máximos dirigentes, pero juran que nunca lo afirmarán en público: temen la represalia de la Casa Rosada, la persecución de la AFIP y las sanciones de Guillermo Moreno.
Pero la cuestión forma parte de las reuniones informales de la Unión Industrial Argentina, en las cuales se critica fuerte el manejo del secretario de Comercio, que busca influir en los contratos y decisiones privadas de las empresas. Moreno conoce estas conversaciones a través de la SIDE y por eso ahora decidió embestir contra la central fabril en cada reunión: «En la UIA no saben nada, no entienden nada.» Los banqueros despotrican con las regulaciones del Banco Central y están alertas por los controles que incluyen la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Ellos sostienen que la propuesta tiene una clara intención: la eliminación de la ley de convertibilidad y la reforma a la Carta Orgánica, habilitarían al BCRA a financiar al Estado con emisión monetaria y sin guardar ninguna restricción, lo cual puede incentivar la inflación.
En la Asociación Empresaria Argentina alertan sobre la injerencia en los contratos privados y los efectos de la mayor intervención estatal. En la lista se encuentra, centralmente, la decisión de frenar la libre disponibilidad de utilidades.
El miércoles, las cúpulas de las terminales automotrices tuvieron maratónicas reuniones, porque el Gobierno las quiere obligar a modificar sus contratos con los proveedores nacionales. También impactó en Abbot, Merck, Roemmers y Aluar el pedido oficial para frenar la compra de insumos en Inglaterra.
Pero el convencimiento de la política antiempresarial llegó recién está semana, cuando fue claro el hostigamiento del Gobierno a la antes aliada compañía YPF.
La preocupación entre los hombres de negocios por la ofensiva oficial se reflejó en una cuestión básica: no sólo YPF tuvo fuertes retrocesos en sus acciones, sino también los bancos, firmas energéticas y telefónicas que cotizan en Wall Street.
El rey de España fue quien se interesó directamente por la ofensiva contra Repsol-YPF. Juan Carlos fue quien negoció con Carlos Menem la transferencia definitiva de la compañía y la anulación de la acción de oro. Pero Clarín confirmó que fue Mariano Rajoy quien se comunicó esta semana con Cristina Kirchner. La conversación fue cordial, pero firme por ambos lados.
La Presidenta se quejó por los incumplimientos de la petrolera. Así le dijo: «Quiero expresarle mi desagrado y preocupación por los incumplimientos de YPF.» Rajoy se mostró molesto y pidió explicaciones por el hostigamiento contra la petrolera española. Ambos al final quedaron en abrir una instancia de negociación y acordaron que cualquier medida sobre el futuro de YPF sería negociada y consensuada. Después, el ministro de Industria José Soria viajó el martes desde Madrid y mantuvo una reunión con Julio De Vido.
El enviado exigió el fin de la persecución y el respeto a todas las inversiones ibéricas en la Argentina.
La urgente intervención de la máxima autoridad política de España fue recomendada por un emisario secreto de la Cancillería española que estuvo en Buenos Aires supervisando al embajador Rafael Estrella.
Fruto de esta negociación, el miércoles Antoni Brufau también voló a Buenos Aires y ofreció una propuesta de inversión al ministro De Vido. Concurrió al Ministerio de Planificación acompañado del enviado secreto de la Cancillería española y fue recibido por De Vido y Roberto Baratta. La propuesta está contenida en un borrador de trabajo y en ella Brufau propone: Hacer un esfuerzo para aumentar las inversiones de YPF, concentrando el esfuerzo en la cuenta neuquina.
YPF está dispuesta a devolver el resto de las concesiones a las otras provincias.
No distribuiría futuras utilidades por un plazo a convenir y ese dinero lo volcaría a aumentar la exploración.
Las promesas de Brufau no conformaron a los funcionarios. Recién en una reunión con varios ministros, Cristina Kirchner resolvió dejar por ahora de lado las amenazas de estatización. Ayer, en su discurso sólo habló de medidas para garantizar el consumo interno de combustible.
La Presidenta llegó a una conclusión: varias propuestas internas que le acercaron sus ministros no eran legalmente viables.
Así, perdieron lugar los funcionarios que levantaban las banderas más duras, entre ellos Amado Boudou, quien esta semana difundió a la prensa adicta una descabellada propuesta jurídica para desembarcar en YPF. Boudou, con esa difusión, permitió que se realizara una brutal especulación con las acciones de YPF: en dos días oscilaron un 30%, entre bajas y alzas.
Carlos Zannini fue quien advirtió internamente de esos disparates jurídicos que le habían acercado a la Presidenta. Para el secretario Legal un pasó en falso sobre la empresa de mayor facturación en Argentina tendría fuertes y adversas repercusiones internacionales. Fue esto y no otra cuestión lo que obligó a la Presidenta a una máxima prudencia al hablar de YPF.
También, el compromiso que asumió Argentina de buscar con España una solución pactada. Incluso, para una eventual compra de parte del paquete accionario.
Precisamente un «memo» de Zannini, advertía sobre las trabas legales que existen para intervenir una empresa privada de capital internacional. Así lo explicó: «Sería como intervenir a la minera Barrick».
Copyright Clarín, 2012.
Marcelo Bonelli
mbonelli@clarin.com
Existe una impresión profunda en todas las entidades empresarias: el nuevo gobierno de Cristina Kirchner concretó un giró sobre su discurso preelectoral y ahora lleva adelante una política económica con fuerte sesgo antiempresarial. Lo dicen en privado los máximos dirigentes, pero juran que nunca lo afirmarán en público: temen la represalia de la Casa Rosada, la persecución de la AFIP y las sanciones de Guillermo Moreno.
Pero la cuestión forma parte de las reuniones informales de la Unión Industrial Argentina, en las cuales se critica fuerte el manejo del secretario de Comercio, que busca influir en los contratos y decisiones privadas de las empresas. Moreno conoce estas conversaciones a través de la SIDE y por eso ahora decidió embestir contra la central fabril en cada reunión: «En la UIA no saben nada, no entienden nada.» Los banqueros despotrican con las regulaciones del Banco Central y están alertas por los controles que incluyen la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Ellos sostienen que la propuesta tiene una clara intención: la eliminación de la ley de convertibilidad y la reforma a la Carta Orgánica, habilitarían al BCRA a financiar al Estado con emisión monetaria y sin guardar ninguna restricción, lo cual puede incentivar la inflación.
En la Asociación Empresaria Argentina alertan sobre la injerencia en los contratos privados y los efectos de la mayor intervención estatal. En la lista se encuentra, centralmente, la decisión de frenar la libre disponibilidad de utilidades.
El miércoles, las cúpulas de las terminales automotrices tuvieron maratónicas reuniones, porque el Gobierno las quiere obligar a modificar sus contratos con los proveedores nacionales. También impactó en Abbot, Merck, Roemmers y Aluar el pedido oficial para frenar la compra de insumos en Inglaterra.
Pero el convencimiento de la política antiempresarial llegó recién está semana, cuando fue claro el hostigamiento del Gobierno a la antes aliada compañía YPF.
La preocupación entre los hombres de negocios por la ofensiva oficial se reflejó en una cuestión básica: no sólo YPF tuvo fuertes retrocesos en sus acciones, sino también los bancos, firmas energéticas y telefónicas que cotizan en Wall Street.
El rey de España fue quien se interesó directamente por la ofensiva contra Repsol-YPF. Juan Carlos fue quien negoció con Carlos Menem la transferencia definitiva de la compañía y la anulación de la acción de oro. Pero Clarín confirmó que fue Mariano Rajoy quien se comunicó esta semana con Cristina Kirchner. La conversación fue cordial, pero firme por ambos lados.
La Presidenta se quejó por los incumplimientos de la petrolera. Así le dijo: «Quiero expresarle mi desagrado y preocupación por los incumplimientos de YPF.» Rajoy se mostró molesto y pidió explicaciones por el hostigamiento contra la petrolera española. Ambos al final quedaron en abrir una instancia de negociación y acordaron que cualquier medida sobre el futuro de YPF sería negociada y consensuada. Después, el ministro de Industria José Soria viajó el martes desde Madrid y mantuvo una reunión con Julio De Vido.
El enviado exigió el fin de la persecución y el respeto a todas las inversiones ibéricas en la Argentina.
La urgente intervención de la máxima autoridad política de España fue recomendada por un emisario secreto de la Cancillería española que estuvo en Buenos Aires supervisando al embajador Rafael Estrella.
Fruto de esta negociación, el miércoles Antoni Brufau también voló a Buenos Aires y ofreció una propuesta de inversión al ministro De Vido. Concurrió al Ministerio de Planificación acompañado del enviado secreto de la Cancillería española y fue recibido por De Vido y Roberto Baratta. La propuesta está contenida en un borrador de trabajo y en ella Brufau propone: Hacer un esfuerzo para aumentar las inversiones de YPF, concentrando el esfuerzo en la cuenta neuquina.
YPF está dispuesta a devolver el resto de las concesiones a las otras provincias.
No distribuiría futuras utilidades por un plazo a convenir y ese dinero lo volcaría a aumentar la exploración.
Las promesas de Brufau no conformaron a los funcionarios. Recién en una reunión con varios ministros, Cristina Kirchner resolvió dejar por ahora de lado las amenazas de estatización. Ayer, en su discurso sólo habló de medidas para garantizar el consumo interno de combustible.
La Presidenta llegó a una conclusión: varias propuestas internas que le acercaron sus ministros no eran legalmente viables.
Así, perdieron lugar los funcionarios que levantaban las banderas más duras, entre ellos Amado Boudou, quien esta semana difundió a la prensa adicta una descabellada propuesta jurídica para desembarcar en YPF. Boudou, con esa difusión, permitió que se realizara una brutal especulación con las acciones de YPF: en dos días oscilaron un 30%, entre bajas y alzas.
Carlos Zannini fue quien advirtió internamente de esos disparates jurídicos que le habían acercado a la Presidenta. Para el secretario Legal un pasó en falso sobre la empresa de mayor facturación en Argentina tendría fuertes y adversas repercusiones internacionales. Fue esto y no otra cuestión lo que obligó a la Presidenta a una máxima prudencia al hablar de YPF.
También, el compromiso que asumió Argentina de buscar con España una solución pactada. Incluso, para una eventual compra de parte del paquete accionario.
Precisamente un «memo» de Zannini, advertía sobre las trabas legales que existen para intervenir una empresa privada de capital internacional. Así lo explicó: «Sería como intervenir a la minera Barrick».
Copyright Clarín, 2012.
(Ministerio de Planif. Federal, Inversión Púb. y Servicios – Presidencia de la Nación – Poder Ejecutivo – DGI – PJ – Editoriales y Opinión)
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