Un pacto con el Fondo silencia la crítica al INDEC

Argentina – 08/04/2011 – Clarín – Pág. 35/Sección: Opinión – Tiempo de Lectura: 4′ 17»
 
Panorama empresarial

Amado Boudou y Nicolás Eyzaguirre convinieron posponer la difusión del análisis que cuestiona las estadísticas, para impedir, de este modo, que intervenga la Asamblea del FMI.
Marcelo Bonelli
A mado Boudou habría acordado con el FMI una fórmula para evitar que se difunda el duro dictamen contra el INDEC la semana próxima, durante la asamblea del Fondo Monetario en Washington. Ese sería el pacto secreto que selló con Nicolás Eyzaguirre para habilitar el envío de la misión que recorre las provincias: un acuerdo para postergar el lapidario informe sobre la manipulación de la inflación y evitar dejar al desnudo al equipo económico frente a la comunidad financiera internacional.
El borrador del documento está casi listo y Eyzaguirre amenazó a Boudou con darlo a conocer en una semana si Argentina no autorizaba el envío de otra misión oficial.
Como anticipó Clarín, el texto hace un diagnóstico lapidario del INDEC: sostiene que el problema no es metodológico y denuncia que la distorsión se produce al manipular el ingreso de datos para evaluar la inflación. Ahora, la decisión del director del Hemisferio Occidental de postergar su difusión generó duros cuestionamientos internos en el FMI. Su staff tiene una posición hipercrítica hacia la Argentina y no está de acuerdo en otorgar ninguna concesión. Los técnicos criticaron el pacto secreto de Eyzaguirre-Boudou y también la indulgencia de Dominique Strauss-Khan.
El acuerdo consiste en lo siguiente:

# Enviar la misión, como quería Eyzaguirre, pero una semana antes de la Asamblea Anual, que se hará el 14 y 15 de abril.

# Utilizar ese ajustado cronograma de trabajo para justificar que el Fondo no emita el documento final sobre el INDEC en Washington.

# El trabajo sigue, y se posterga su difusión para después de esa fecha clave. Así Boudou gana tiempo.

Eyzaguirre aceptó el pacto porque Strauss-Khan no quiere quedar públicamente cuestionando a la Argentina en este año electoral. Pero las desavenencias internas en el Fondo podrían jugarle una mala pasada a su cúpula política. Varios integrantes del staff amenazan con filtrar parte de las objeciones del FMI al manejo discrecional del INDEC.
Por lo pronto ­otra vez­ el Informe Económico Mundial del FMI que se conocerá la semana próxima hará referencias a la polémica en la Argentina por la medición de la inflación. Dirá que hay proyecciones inflacionarias muy por encima de los datos oficiales. Alfredo Mac Laughlin ­delegado argentino en el FMI­ trasmitió estas advertencias a Buenos Aires. En un diálogo reservado con inversores, admitió que le propuso a Eyzaguirre que el FMI tome en el futuro como inflación real los datos de precios de las provincias.
El tema generó cortocircuitos. Sería reconocer un salto en el índice de precios, pero fundamentalmente por otra cosa: nadie en el Palacio de Hacienda toma en cuenta a Mac Laughlin, a quien buscan desplazar de Washington.
Pero Boudou no avanza, sencillamente porque no tiene un reemplazante y teme fracasar como le ocurrió con la Superintendencia de Bancos. Presionó a favor de Sergio Chodos, cuando Mercedes Marcó del Pont ya había cerrado con la Presidenta nombrar a Santiago Carnero. El ministro vivió el traspié como una fuerte decepción. Pero busca un premio mayor: ser nominado candidato a vicepresidente y acompañar en la fórmula a Cristina Kirchner. Desde hace un par de semanas puso a trabajar a su equipo político en la búsqueda de semejante ambición. Tiene el apoyo de Hugo Moyano y cree que será el candidato de la CGT si Héctor Recalde no supera los filtros en la Quinta de Olivos.
Antes deberá enfrentar muchos desafíos: justificar su fracaso en la negociación del Club de París y, también, la ofensiva que los países industrializados harán contra la Argentina por la falta de legislación contra el lavado de dinero.
En juego no sólo hay sanciones, sino algo que preocupa a la Presidenta: la posibilidad cierta de que vuelva la censura internacional y se propicie la expulsión de Argentina del Grupo de los 20.
Una negociación de Julio Alak, evitó las sanciones del GAFI en febrero y el papelón para la Argentina. Utilizó una dosis de diplomacia con Estados Unidos, algo de lo que la Cancillería carece. Pero fue transitorio y sólo obtuvo un plazo. Si antes de junio no se aprueba la ley contra el lavado de dinero, Argentina será censurada y podría no participar del G-20. En la Casa Rosada saben que es imposible sancionar esa legislación. Por eso la estrategia será culpar a la oposición, por la falta de esa medida.
Los delegados de Alemania, Japón, Canadá e Inglaterra cuestionan ­desde el 2008­ la participación de Cristina Kirchner en el G-20. Lo hacen por ser Argentina el único miembro de ese grupo que no acepta la auditoría del FMI. Ahora podrían utilizar el eventual incumplimiento con el GAFI, para reiniciar la ofensiva. La Presidenta le otorga amplia prioridad al G-20, único foro internacional relevante del cual participa el Gobierno. La intención de expulsar a la Argentina del G-20 fue confirmada por los documentos de EE.UU. que filtró WikiLeaks. Las filtraciones generaron una caza de brujas en el kirchnerismo. La Presidenta censuró duramente a los funcionarios que fueron a la Embajada de EE.UU. a contar infidencias del Gobierno. Ya recibieron fuertes reproches Aníbal Fernández, Boudou, Hernán Lorenzino y el vicecanciller Victorio Taccetti. La Presidenta no les perdona que dejen en evidencia que el discurso público anti-Washington poco tenga que ver con la confesión privada pro Estados Unidos. La cuestión pasó a mayores en el Banco Central: por aparecer en los documentos confidenciales, ya desplazaron a Juan Carlos Barboza, gerente principal de Administración de Reservas.

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