UIA y AEA piden que revean medida
Argentina – 14/04/2011 – Ambito Financiero – Pág. 2 – Tiempo de Lectura: 2′ 46»
El término «preocupación» ni siquiera comienza a describir el sentimiento de los empresarios argentinos tras la decisión del Gobierno de derogar el tope del 5% para designar directores en el Gobierno de las empresas en las que la ANSES tiene acciones, producto de la estatización de las AFJP. Es que a esta medida que califican como intento incipiente de cogestión estatal, se le suma la renovada ofensiva lanzada por el diputado por la CGT Héctor Recalde, impulsor de una ley que le daría a los gremios un principio de cogestión sindical. De hecho, «off the record», muchos empresarios consultados por este diario dijeron temer que tanto el DNU publicado ayer respecto de los directores por el Estado, como la amenaza de aprobar en comisión la ley de distribución de utilidades de Recalde, como un primer paso hacia la confiscación del sector privado, algo similar a lo que viene sucediendo en Venezuela. La primera entidad empresarial en reaccionar de manera orgánica fue la Unión Industrial Argentina (UIA): en un comunicado emitido ayer por la tarde -tras historiar el proceso de apertura del capital de las empresas a las AFJP- pide lisa y llanamente que «se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de nuestro país».Minutos más tarde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que tienen un peso decisivo Clarín y Techint, dos de los grupos económicos más enfrentados con el Gobierno, lanzó su propio documento titulado «La gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas», y en el que plantean que «para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social, es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal en dicho ámbito que promueve el Decreto 441/2011».Sin decirlo de manera explícita, la AEA también aspira a que el Gobierno dé marcha atrás con esta polémica medida. Daniel Funes de Rioja, abogado, presidente de la COPAL y vicepresidente de la UIA (y sin dudas uno de los redactores del comunicado de la central fabril), le dijo a este diario que «sería un error desconocer la trascendencia del rol del Estado en el control, pero creemos que es vital la democracia política y económica en el mercado. La actividad privada debe ser privada, y el Estado debe controlar, pero no estatizarla. Lo mismo puede decirse a la inversa: no pueden privatizarse funciones que son inherentes al rol del sector público».Cuando se le preguntó por qué no podría el Estado ejercer su derecho a nombrar tantos directores como le facultaría su participación accionaria, Funes de Rioja respondió que «las empresas abrieron su capital a la Bolsa para financiarse con la entrada de inversores privados. La idea no era incorporar un cogestor estatal». Funes de Rioja es, además, una de las voces más críticas del proyecto Recalde que, a través de la pretendida participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, buscaría también una cogestión gremial de las mismas. En tanto, fue inútil intentar hablar con ejecutivos o accionistas de las empresas de servicios en las que tiene acciones la ANSES. La respuesta -invariablemente «off the record»- fue siempre la misma: «No lo vemos como un problema: en un mercado tan regulado como el nuestro, no hace diferencia un director estatal más o menos. Además, como cotizamos en Bolsa, tenemos que mostrar toda nuestra información».Lo mismo sucedió con los representantes de Techint y de Clarín, que se remitieron a los comunicados de AEA y de la UIA como representativos de su posición ante la medida oficial.
El término «preocupación» ni siquiera comienza a describir el sentimiento de los empresarios argentinos tras la decisión del Gobierno de derogar el tope del 5% para designar directores en el Gobierno de las empresas en las que la ANSES tiene acciones, producto de la estatización de las AFJP. Es que a esta medida que califican como intento incipiente de cogestión estatal, se le suma la renovada ofensiva lanzada por el diputado por la CGT Héctor Recalde, impulsor de una ley que le daría a los gremios un principio de cogestión sindical. De hecho, «off the record», muchos empresarios consultados por este diario dijeron temer que tanto el DNU publicado ayer respecto de los directores por el Estado, como la amenaza de aprobar en comisión la ley de distribución de utilidades de Recalde, como un primer paso hacia la confiscación del sector privado, algo similar a lo que viene sucediendo en Venezuela. La primera entidad empresarial en reaccionar de manera orgánica fue la Unión Industrial Argentina (UIA): en un comunicado emitido ayer por la tarde -tras historiar el proceso de apertura del capital de las empresas a las AFJP- pide lisa y llanamente que «se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de nuestro país».Minutos más tarde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que tienen un peso decisivo Clarín y Techint, dos de los grupos económicos más enfrentados con el Gobierno, lanzó su propio documento titulado «La gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas», y en el que plantean que «para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social, es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal en dicho ámbito que promueve el Decreto 441/2011».Sin decirlo de manera explícita, la AEA también aspira a que el Gobierno dé marcha atrás con esta polémica medida. Daniel Funes de Rioja, abogado, presidente de la COPAL y vicepresidente de la UIA (y sin dudas uno de los redactores del comunicado de la central fabril), le dijo a este diario que «sería un error desconocer la trascendencia del rol del Estado en el control, pero creemos que es vital la democracia política y económica en el mercado. La actividad privada debe ser privada, y el Estado debe controlar, pero no estatizarla. Lo mismo puede decirse a la inversa: no pueden privatizarse funciones que son inherentes al rol del sector público».Cuando se le preguntó por qué no podría el Estado ejercer su derecho a nombrar tantos directores como le facultaría su participación accionaria, Funes de Rioja respondió que «las empresas abrieron su capital a la Bolsa para financiarse con la entrada de inversores privados. La idea no era incorporar un cogestor estatal». Funes de Rioja es, además, una de las voces más críticas del proyecto Recalde que, a través de la pretendida participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, buscaría también una cogestión gremial de las mismas. En tanto, fue inútil intentar hablar con ejecutivos o accionistas de las empresas de servicios en las que tiene acciones la ANSES. La respuesta -invariablemente «off the record»- fue siempre la misma: «No lo vemos como un problema: en un mercado tan regulado como el nuestro, no hace diferencia un director estatal más o menos. Además, como cotizamos en Bolsa, tenemos que mostrar toda nuestra información».Lo mismo sucedió con los representantes de Techint y de Clarín, que se remitieron a los comunicados de AEA y de la UIA como representativos de su posición ante la medida oficial.
Por: Sergio Dattilo
(Información General – Sector Industrial – Actividad Económica)
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