Tomada desempolvó la reforma de ART
El ministro de Trabajo afirmó ayer que se enviaría un texto al Congreso; podría anunciarse en los próximos días
Después de muchos meses de silencio oficial sobre el tema, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, volvió a referirse ayer en público a la demorada reforma de la ley de riesgos del trabajo, que quedó fuertemente cuestionada por la Justicia hace ya más de 7 años, con fallos que declararon la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos.
Aunque no hubo muchas precisiones sobre el contenido del texto, el jefe de la cartera laboral se refirió al «próximo envío de la nueva ley de riesgos del trabajo al Parlamento, para su debate y aprobación». Recordó también que durante muchos años se había buscado un consenso entre dirigentes sindicales y del sector empresarial, un objetivo que no fue logrado. «Esto ha sido muy difícil por distintas razones, pero ha llegado el momento», dijo ayer Tomada.
El ministro habló en Mendoza, durante la apertura de la 9ª. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que tiene previstas actividades tanto en esa ciudad como en Buenos Aires y Córdoba.
En rigor, la posibilidad de un pronto envío del proyecto de ley ya circulaba como versión en los últimos días en diferentes ámbitos empresarios, como también la idea de que, a diferencia de aquellos intentos de encontrar un acuerdo, esta vez no habría rondas de consultas o que, al menos, el grupo participante de las consultas sería muy reducido.
Una de las versiones indicaba que el Día del Trabajador, es decir, el próximo martes, la presidenta Cristina Kirchner podría hacer un anuncio vinculado con el tema. Pero ninguna fuente oficial lo confirmó.
La necesidad de la reforma legal está planteada ya desde 2004. En septiembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo declarando inconstitucional el artículo 39 de la ley vigente desde 1996, que buscaba impedir que un trabajador cubierto por una ART demande por la vía civil a su empleador para intentar un mayor resarcimiento por los daños.
Ese punto se convirtió en el más conflictivo y es el que siempre estuvo lejos del consenso. Para los representantes de la CGT, la ley debería permitir que un empleado afectado por una enfermedad o accidente laboral reciba la prestación dineraria de la CGT y que, al mismo tiempo, pueda demandar a su empresa. Para las entidades empresarias, debería disponerse que el trabajador quede obligado a hacer una opción entre una y otra forma de compensación.
La iniciativa que prepara Tomada podría intentar un punto intermedio entre ambas posiciones. Lo cierto es que la situación actual, de indefinición respecto de la ley, dejó al régimen en una posición vulnerable y se generó un fuerte incremento de la judicialidad.
A partir de aquél y de otros fallos de la Justicia -como el cuestionamiento al pago en cuotas de determinadas indemnizaciones por incapacidad-, desde el Gobierno se planteó en reiteradas oportunidades la voluntad de promover una nueva ley. Incluso, el Ministerio de Trabajo llegó a elevar un texto a Presidencia. Cristina Kirchner, en tanto, prometió la reforma en más de un discurso ante empresarios. Pero el tiempo fue pasando y el tema no llegó aún al Congreso.
«El objetivo de la ley que vamos a presentar tiene que ver con poner a la prevención en el centro del debate», señaló ayer Tomada.
Ganancias y asignaciones
Tras el acto, el ministro también dejó abierta la posibilidad de un anuncio referido al impuesto a las ganancias que pesa sobre los trabajadores y a las asignaciones familiares. Ambos temas -dijo- «han formado parte de la agenda de trabajo, tanto de la CGT como del Gobierno; siempre hemos dado respuestas y este año seguramente no será la excepción», afirmó, respecto de los reclamos de una suba del salario a partir del cual se tributa Ganancias y de una mejora del salario familiar.
En rigor, se trata de ajustes necesarios para compensar el efecto de la inflación. En el caso de Ganancias, la falta o la insuficiencia de la adecuación de los montos provocan que, ante las recomposiciones salariales, más personas queden alcanzadas por el impuesto o bien que los trabajadores que tributan suban en la escala que determina las alícuotas. Así, crece la presión impositiva sin que mejore el poder adquisitivo de los sueldos.
(Presidencia de la Nación – Poder Ejecutivo – Ministerio de Trabajo, Empleo y Form. de Recursos Humanos – Poder Judicial)
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