Suspenden medidas antilavado pana comercio exterior
Argentina – 08/04/2011 – Buenos Aires Económico – Pág. 6/Sección: Argentina – Tiempo de Lectura: 3′ 41»
Ante el pedido de los exportadores, se creó una comisión para redefinir los alcances
Luego de la fuerte reacción de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Unidad de Información Financiera (UIF) dejó sin efecto los mayores controles sobre el comercio exterior.
La vigencia de la resolución 39/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que establecía estrictos controles sobre el comercio exterior, sólo duró seis días. Las advertencias tanto por la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) como por la Unión Industrial Argentina (UIA), llevó al organismo a suspender la medida en forma provisoria y por un plazo máximo de 180 días.
La resolución oficial que contemplaba declaraciones juradas y diversa documentación a exportadores, importadores, despachantes de aduana y transportistas, y sus respectivos clientes, abrió la polémica y ayer la UIF comunicó que la resolución podría demorarse hasta unos 180 días.
Como adelantó BAE, la vigencia de la resolución 39/11, desde el pasado viernes, motivó que la CERA presentara un recurso ante la UIF para suspender la decisión oficial por considerar que afectaría las ventas externas. Y la UIA planteó su preocupación durante la reunión de la junta directiva del martes último, por el impacto en las pymes con perfil exportador.
Frente a este escenario, el titular de la UIF, José Sbattella, resolvió otorgar una prórroga a los importadores y exportadores para la im-plementación de las nuevas medidas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, que se habían publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero.
CITA. En una reunión celebrada ayer, funcionarios de la UIF acordaron conformar una comisión con representantes de la CERA para el diseño de mecanismos que garanticen una normal exportación e importación de bienes y servicios. «Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente», explicó Sbattella.
LICITUD. La norma disponía, entre otras medidas, la obligación de exigir a los clientes una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, y en tanto resulte necesario para definir su perfil, la documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera.
Los sujetos obligados también debían contar con un manual de procedimientos, designar un oficial de cumplimiento, capacitar a su personal, elaborar un registro escrito del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas y usar herramientas tecnológicas eficaces.
Asimismo, debían aplicar procedimientos reforzados de identificación en caso de operaciones realizadas por personas expuestas políticamente, mediante fideicomisos, ya sea realizadas a distancia o vinculadas a jurisdicciones que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El plazo para reportar operaciones con indicios de lavado de dinero era de treinta días hábiles, y el término para hacerlo en caso de sospechas de actividad terrorista era de cuarenta y ocho horas.
«Hay que aclarar los alcances, porque complica el comercio exterior. ¿Que voy a tener que pedirle declaraciones juradas a mis compradores en Brasil?», se preguntó esta semana el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Juan Lascurain.
LEY. Respecto de la ley antilavado que reclama el GAFI y que fue motivo de las deliberaciones esta semana entre la UIF y representantes del organismo, los bloques opositores de la Cámara baja salieron ayer a responder al Gobierno por su reclamo de que se trate en breve la iniciativa.
En este sentido, anunciaron que la semana próxima está prevista la realización de una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal para analizar las iniciativas presentadas al respecto. En el encuentro marcaron diferencias con el proyecto oficial de lavado de dinero al sostener que quieren evitar una reforma «cosmética», según expresaron durante una rueda de prensa.
De la misma participaron el titular de la Comisión de Finanzas, el cívico Alfonso de Prat Gay; el ma-crista Federico Pinedo, el radical Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Ferrari (PJ Federal), en el Salón Cabezas de Diputados.
En este momento existe un proyecto consensuado por el radicalismo, el Peronismo Federal y PRO sobre el que la Coalición Cívica, después de la reunión de ayer, pareció tener un acercamiento.
En otro orden, el miércoles, la Subdirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, dispuso extender a todas las compras y ventas de autos y motos los controles antilavado.
De este modo, la UIF pedirá una declaración jurada ante cualquier operación, y no sólo a partir de los $50.000, como fijaba la normativa anterior.
Ante el pedido de los exportadores, se creó una comisión para redefinir los alcances
Luego de la fuerte reacción de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Unidad de Información Financiera (UIF) dejó sin efecto los mayores controles sobre el comercio exterior.
La vigencia de la resolución 39/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que establecía estrictos controles sobre el comercio exterior, sólo duró seis días. Las advertencias tanto por la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) como por la Unión Industrial Argentina (UIA), llevó al organismo a suspender la medida en forma provisoria y por un plazo máximo de 180 días.
La resolución oficial que contemplaba declaraciones juradas y diversa documentación a exportadores, importadores, despachantes de aduana y transportistas, y sus respectivos clientes, abrió la polémica y ayer la UIF comunicó que la resolución podría demorarse hasta unos 180 días.
Como adelantó BAE, la vigencia de la resolución 39/11, desde el pasado viernes, motivó que la CERA presentara un recurso ante la UIF para suspender la decisión oficial por considerar que afectaría las ventas externas. Y la UIA planteó su preocupación durante la reunión de la junta directiva del martes último, por el impacto en las pymes con perfil exportador.
Frente a este escenario, el titular de la UIF, José Sbattella, resolvió otorgar una prórroga a los importadores y exportadores para la im-plementación de las nuevas medidas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, que se habían publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero.
CITA. En una reunión celebrada ayer, funcionarios de la UIF acordaron conformar una comisión con representantes de la CERA para el diseño de mecanismos que garanticen una normal exportación e importación de bienes y servicios. «Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente», explicó Sbattella.
LICITUD. La norma disponía, entre otras medidas, la obligación de exigir a los clientes una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, y en tanto resulte necesario para definir su perfil, la documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera.
Los sujetos obligados también debían contar con un manual de procedimientos, designar un oficial de cumplimiento, capacitar a su personal, elaborar un registro escrito del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas y usar herramientas tecnológicas eficaces.
Asimismo, debían aplicar procedimientos reforzados de identificación en caso de operaciones realizadas por personas expuestas políticamente, mediante fideicomisos, ya sea realizadas a distancia o vinculadas a jurisdicciones que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El plazo para reportar operaciones con indicios de lavado de dinero era de treinta días hábiles, y el término para hacerlo en caso de sospechas de actividad terrorista era de cuarenta y ocho horas.
«Hay que aclarar los alcances, porque complica el comercio exterior. ¿Que voy a tener que pedirle declaraciones juradas a mis compradores en Brasil?», se preguntó esta semana el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Juan Lascurain.
LEY. Respecto de la ley antilavado que reclama el GAFI y que fue motivo de las deliberaciones esta semana entre la UIF y representantes del organismo, los bloques opositores de la Cámara baja salieron ayer a responder al Gobierno por su reclamo de que se trate en breve la iniciativa.
En este sentido, anunciaron que la semana próxima está prevista la realización de una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal para analizar las iniciativas presentadas al respecto. En el encuentro marcaron diferencias con el proyecto oficial de lavado de dinero al sostener que quieren evitar una reforma «cosmética», según expresaron durante una rueda de prensa.
De la misma participaron el titular de la Comisión de Finanzas, el cívico Alfonso de Prat Gay; el ma-crista Federico Pinedo, el radical Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Ferrari (PJ Federal), en el Salón Cabezas de Diputados.
En este momento existe un proyecto consensuado por el radicalismo, el Peronismo Federal y PRO sobre el que la Coalición Cívica, después de la reunión de ayer, pareció tener un acercamiento.
En otro orden, el miércoles, la Subdirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, dispuso extender a todas las compras y ventas de autos y motos los controles antilavado.
De este modo, la UIF pedirá una declaración jurada ante cualquier operación, y no sólo a partir de los $50.000, como fijaba la normativa anterior.
(Automotrices)
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