Los dilemas de la Unión Europea (2)
Argentina – 10/05/2012 – Buenos Aires Económico – Pág. 28, 27 – Tiempo de Lectura: 7′ 23»
por Aldo Ferrer
Los acontecimientos recientes en la Unión Europea sugieren la posibilidad de un cambio de rumbo en las políticas de sus Estados miembros y la estrategia comunitaria.
Es probable la apertura de una nueva etapa en la historia de la integración europea. Ésta fue avanzando, desde los seis países fundadores de la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) y la CEE (Comunidad Económica Europea), en la década de 1950, hasta la UE (Unión Europea) de la actualidad, con 27 miembros.
por Aldo Ferrer
Los acontecimientos recientes en la Unión Europea sugieren la posibilidad de un cambio de rumbo en las políticas de sus Estados miembros y la estrategia comunitaria.
Es probable la apertura de una nueva etapa en la historia de la integración europea. Ésta fue avanzando, desde los seis países fundadores de la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) y la CEE (Comunidad Económica Europea), en la década de 1950, hasta la UE (Unión Europea) de la actualidad, con 27 miembros.
Los integrantes de la UE se someten a las normas comunitarias, que regulan gran parte del proceso económico.
La creación de la moneda común en 1999, representó la más profunda de las cesiones de soberanía de los Estados nacionales a la esfera comunitaria. Pero los países conservan considerable autonomía en áreas claves, como la política fiscal. De este modo, entre los países miembros, surgen desequilibrios en cuestiones críticas como la deuda pública, los costos y precios internos.
A medida que el sistema amplió su espacio geográfico, fue incorporando realidades nacionales muy distintas en los niveles de desarrollo y las capacidades de las dirigencias, privadas y públicas, de gestionar el conocimiento y administrar los recursos. El país con la economía más grande y avanzada, Alemania, tiene un PBI per cápita cuatro o más veces superior al de los países menos industrializados y un elevado superávit comercial, del orden de 200.000 millones de euros, frente a los otros miembros de la UE y el resto del mundo. La evolución de la deuda pública y los costos y precios internos de los países, revelan también profundas diferencias. La crisis financiera global agravó los problemas. El salvataje de los bancos y las medidas conexas aumentaron la relación déficit fiscal/PBI de toda la UE de 0,9% en 2007 a 6,5% en 2010. El aumento fue aún mayor en varios países, ahora considerados vulnerables, como España que, entre los mismos años, pasó de un superávit de 1,9% a un déficit de 9,2 por ciento.
Las normas de la UE y, en particular, el euro, que circula en 17 de sus 27 miembros, imponen una disciplina común a realidades muy distintas. De allí los desequilibrios prevalecientes en varios países y las dificultades para restablecer su estabilidad y crecimiento. En situaciones semejantes, los Estados nacionales realizan el ajuste por dos vías principales: la devaluación de su moneda y la reducción del déficit fiscal. En casos extremos pueden apelar a la reestructuración de la deuda soberana. En la UE, los países con problemas adheridos al euro, no cuentan con la posibilidad de devaluar. Tampoco de reestructurar la deuda, sin conmocionar su membresía en la UE. El único instrumento disponible es la reducción del déficit fiscal y la deflación para bajar los costos internos, principalmente, los salarios, con algún apoyo de la Unión para pagar la deuda y aliviar el ajuste.
La crisis de deuda en varios países miembros de la UE ha destapado la vulnerabilidad del régimen comunitario. Ahora, la realidad demuestra cuán difícil es sostener una moneda común y someter a las mismas normas a países con economías tan distintas como los que integran la Unión. La integración definitiva del espacio europeo es imposible sin armonizar la totalidad de la conducción económica y, aún más, cuando prevalecen estrategias que subordinan la autoridad de la esfera política a los dictados de la financiarización. Es decir, a la hegemonía de la especulación financiera sobre las necesidades de la economía real de la producción, la inversión y el empleo. Esta situación, propia del Estado neoliberal predominante en los países miembros y del Estado supranacional neoliberal, que constituye el régimen de la UE, impide alcanzar los objetivos propuestos por los fundadores de la integración europea, durante la temprana posguerra.
La ampliación de la membresía de la Unión instaló, en su seno, el problema de la coexistencia, en el mismo espacio, de realidades muy diferentes y, por lo tanto, el problema del desarrollo de los países menos avanzados en un contexto globalizado. Como se sabe, por la experiencia histórica, la superación del atraso relativo requiere de Estados nacionales fuertes y sólidas políticas de transformación, gobernabilidad, crecimiento e inclusión social. En la UE, los Estados miembros han delegado su soberanía, en el manejo de cuestiones críticas, al sistema comunitario, incluyendo, en el caso de los adheridos al euro, la moneda. En tales condiciones, la solidaridad de los miembros de mayor dimensión y desarrollo económico, es esencial para erradicar las asimetrías y difundir los beneficios del mercado ampliado a la totalidad de los miembros de la UE.
El problema de las asimetrías compromete no sólo a los países de menor tamaño y desarrollo sino, además, a países de mayor porte como España e Italia, los cuales, por sus malas respuestas a la financiarización, han alcanzado niveles exagerados de deuda soberana y/o registrado burbujas especulativas, particularmente en el sector inmobiliario. Cualesquiera sea el origen de los desequilibrios y de la crisis de deuda, vale decir, menor desarrollo relativo y/o capacidad competitiva, la actual crisis de la UE, revela la debilidad de la solidaridad dentro de la Unión, para asumir, como problema de todos, los que se plantean en cada país. De este modo, los países con problemas viven en el peor de los mundos posibles: soportan el costo de la financiarización, carecen de instrumentos propios (por ejemplo, el ajuste del tipo de cambio) para resolver el problema y no cuentan con suficiente solidaridad de sus socios.
La financiarización, instalada desde fines de la década de 1970, se ha convertido en la esfera dominante del capitalismo contemporáneo en las economías del Atlántico Norte. Los Estados nacionales, capaces de administrar la economía y coordinar con otros semejantes la resolución de problemas comunes, han sido sustituidos por Estados neoliberales que delegan su poder decisorio en los mercados y los intereses de la financiarización. En este complejo escenario se debate, en la UE, la necesidad de armonizar las principales políticas de sus miembros. Es sin duda, indispensable, profundizar las reglas comunitarias y armonizar la totalidad de las decisiones macroeconómicas, siempre y cuando, no estén subordinadas a la hegemonía de la esfera financiera.
Esta subordinación se reflejó, primero, en la desregulación de la especulación financiera en las fases iniciales del proceso de financiarización. Luego, frente a la crisis global desatada en el 2007, en la aplicación de masivos fondos públicos para rescatar a los agentes financieros. Por último, ahora, se manifiesta en el ajuste a rajatabla para enfrentar los déficits y deuda provocados por ese salvataje. De allí que, en vez de recuperar el comando de las políticas públicas frente a los intereses de la financiarización y las calificaciones de las agencias evaluadoras de riesgo, el objetivo predominante de la política fiscal sea actualmente la «regla de oro». Vale decir, reducir el déficit y la deuda, para recuperar la confianza de los mercados. De este modo, la política fiscal en la UE consiste en disciplinar a los países con severas políticas de ajuste, incluyendo la reducción de las prestaciones sociales.
No es ésta la armonización de políticas que necesita la UE. Por esta vía no pueden resolverse los problemas de deuda ni la insuficiencia de la demanda agregada, el estancamiento económico, el aumento del desempleo y el malestar social. Tampoco resuelve el problema fundacional de las asimetrías en los niveles de desarrollo y bienestar de los países miembros.
El ajuste, fuera del contexto de una estrategia global de fortalecimiento de la gobernabilidad y recuperación de la actividad y el empleo, termina aumentando el déficit, porque el ingreso fiscal cae más que el gasto y, en el límite, implica la extinción del Estado y del orden social. También es difícil estimular la solidaridad de los países más solventes, cuando los fondos de rescate no se destinan a la reactivar la producción y el empleo sino a preservar el valor de las acreencias de los prestamistas.
La necesaria armonización de la política fiscal en la UE no radica en el ajuste para recuperar la confianza de los mercados, sino en reestructurar las deudas excesivas y repartir los costos entre las tres partes responsables: deudores, acreedores y gobiernos que promovieron la desregulación de la financiarización. Este saneamiento de base es la plataforma para las reformas, sin duda necesarias, para equilibrar las finanzas públicas y ponerlas al servicio del crecimiento y del empleo. Los problemas actuales no tienen solución mientras prevalezca en los países el Estado neoliberal y, en el marco de la UE, el Estado supranacional neoliberal. Dentro del marco de delegación de soberanía que implica la existencia de la UE, los Estados miembros tienen que recuperar las funciones propias del Estado nacional para privilegiar el interés social por encima de los de la especulación financiera.
A Europa y al mundo les conviene que la UE se consolide y juegue el papel que le corresponde, entre otras cosas, con el formidable aporte de su cultura, en la construcción de un orden mundial pacífico, seguro, con oportunidades para todos. Para tales fines, la UE confronta tres desafíos principales y concurrentes. Primero, subordinar el sector financiero a la economía real y recuperar la autonomía necesaria de las políticas públicas frente a los criterios de los mercados especulativos. Éste es, también, un requisito de la recuperación de la economía mundial. Segundo, profundizar las normas comunitarias abarcando los lineamientos básicos de las políticas fiscales de los países miembros, incluyendo la emisión de deuda en bonos euro comunitarios. Tercero, profundizar la solidaridad aceptando que, como en un Estado nacional, los problemas de sus partes componentes son problemas de todos y, en particular, que las coberturas sociales tengan respaldo comunitario.
Los acontecimientos recientes ponen a prueba la voluntad política de los países más importantes de la UE, de sus electorados y gobiernos, de asumir semejante empresa de la construcción de Europa y sus costos.
La creación de la moneda común en 1999, representó la más profunda de las cesiones de soberanía de los Estados nacionales a la esfera comunitaria. Pero los países conservan considerable autonomía en áreas claves, como la política fiscal. De este modo, entre los países miembros, surgen desequilibrios en cuestiones críticas como la deuda pública, los costos y precios internos.
A medida que el sistema amplió su espacio geográfico, fue incorporando realidades nacionales muy distintas en los niveles de desarrollo y las capacidades de las dirigencias, privadas y públicas, de gestionar el conocimiento y administrar los recursos. El país con la economía más grande y avanzada, Alemania, tiene un PBI per cápita cuatro o más veces superior al de los países menos industrializados y un elevado superávit comercial, del orden de 200.000 millones de euros, frente a los otros miembros de la UE y el resto del mundo. La evolución de la deuda pública y los costos y precios internos de los países, revelan también profundas diferencias. La crisis financiera global agravó los problemas. El salvataje de los bancos y las medidas conexas aumentaron la relación déficit fiscal/PBI de toda la UE de 0,9% en 2007 a 6,5% en 2010. El aumento fue aún mayor en varios países, ahora considerados vulnerables, como España que, entre los mismos años, pasó de un superávit de 1,9% a un déficit de 9,2 por ciento.
Las normas de la UE y, en particular, el euro, que circula en 17 de sus 27 miembros, imponen una disciplina común a realidades muy distintas. De allí los desequilibrios prevalecientes en varios países y las dificultades para restablecer su estabilidad y crecimiento. En situaciones semejantes, los Estados nacionales realizan el ajuste por dos vías principales: la devaluación de su moneda y la reducción del déficit fiscal. En casos extremos pueden apelar a la reestructuración de la deuda soberana. En la UE, los países con problemas adheridos al euro, no cuentan con la posibilidad de devaluar. Tampoco de reestructurar la deuda, sin conmocionar su membresía en la UE. El único instrumento disponible es la reducción del déficit fiscal y la deflación para bajar los costos internos, principalmente, los salarios, con algún apoyo de la Unión para pagar la deuda y aliviar el ajuste.
La crisis de deuda en varios países miembros de la UE ha destapado la vulnerabilidad del régimen comunitario. Ahora, la realidad demuestra cuán difícil es sostener una moneda común y someter a las mismas normas a países con economías tan distintas como los que integran la Unión. La integración definitiva del espacio europeo es imposible sin armonizar la totalidad de la conducción económica y, aún más, cuando prevalecen estrategias que subordinan la autoridad de la esfera política a los dictados de la financiarización. Es decir, a la hegemonía de la especulación financiera sobre las necesidades de la economía real de la producción, la inversión y el empleo. Esta situación, propia del Estado neoliberal predominante en los países miembros y del Estado supranacional neoliberal, que constituye el régimen de la UE, impide alcanzar los objetivos propuestos por los fundadores de la integración europea, durante la temprana posguerra.
La ampliación de la membresía de la Unión instaló, en su seno, el problema de la coexistencia, en el mismo espacio, de realidades muy diferentes y, por lo tanto, el problema del desarrollo de los países menos avanzados en un contexto globalizado. Como se sabe, por la experiencia histórica, la superación del atraso relativo requiere de Estados nacionales fuertes y sólidas políticas de transformación, gobernabilidad, crecimiento e inclusión social. En la UE, los Estados miembros han delegado su soberanía, en el manejo de cuestiones críticas, al sistema comunitario, incluyendo, en el caso de los adheridos al euro, la moneda. En tales condiciones, la solidaridad de los miembros de mayor dimensión y desarrollo económico, es esencial para erradicar las asimetrías y difundir los beneficios del mercado ampliado a la totalidad de los miembros de la UE.
El problema de las asimetrías compromete no sólo a los países de menor tamaño y desarrollo sino, además, a países de mayor porte como España e Italia, los cuales, por sus malas respuestas a la financiarización, han alcanzado niveles exagerados de deuda soberana y/o registrado burbujas especulativas, particularmente en el sector inmobiliario. Cualesquiera sea el origen de los desequilibrios y de la crisis de deuda, vale decir, menor desarrollo relativo y/o capacidad competitiva, la actual crisis de la UE, revela la debilidad de la solidaridad dentro de la Unión, para asumir, como problema de todos, los que se plantean en cada país. De este modo, los países con problemas viven en el peor de los mundos posibles: soportan el costo de la financiarización, carecen de instrumentos propios (por ejemplo, el ajuste del tipo de cambio) para resolver el problema y no cuentan con suficiente solidaridad de sus socios.
La financiarización, instalada desde fines de la década de 1970, se ha convertido en la esfera dominante del capitalismo contemporáneo en las economías del Atlántico Norte. Los Estados nacionales, capaces de administrar la economía y coordinar con otros semejantes la resolución de problemas comunes, han sido sustituidos por Estados neoliberales que delegan su poder decisorio en los mercados y los intereses de la financiarización. En este complejo escenario se debate, en la UE, la necesidad de armonizar las principales políticas de sus miembros. Es sin duda, indispensable, profundizar las reglas comunitarias y armonizar la totalidad de las decisiones macroeconómicas, siempre y cuando, no estén subordinadas a la hegemonía de la esfera financiera.
Esta subordinación se reflejó, primero, en la desregulación de la especulación financiera en las fases iniciales del proceso de financiarización. Luego, frente a la crisis global desatada en el 2007, en la aplicación de masivos fondos públicos para rescatar a los agentes financieros. Por último, ahora, se manifiesta en el ajuste a rajatabla para enfrentar los déficits y deuda provocados por ese salvataje. De allí que, en vez de recuperar el comando de las políticas públicas frente a los intereses de la financiarización y las calificaciones de las agencias evaluadoras de riesgo, el objetivo predominante de la política fiscal sea actualmente la «regla de oro». Vale decir, reducir el déficit y la deuda, para recuperar la confianza de los mercados. De este modo, la política fiscal en la UE consiste en disciplinar a los países con severas políticas de ajuste, incluyendo la reducción de las prestaciones sociales.
No es ésta la armonización de políticas que necesita la UE. Por esta vía no pueden resolverse los problemas de deuda ni la insuficiencia de la demanda agregada, el estancamiento económico, el aumento del desempleo y el malestar social. Tampoco resuelve el problema fundacional de las asimetrías en los niveles de desarrollo y bienestar de los países miembros.
El ajuste, fuera del contexto de una estrategia global de fortalecimiento de la gobernabilidad y recuperación de la actividad y el empleo, termina aumentando el déficit, porque el ingreso fiscal cae más que el gasto y, en el límite, implica la extinción del Estado y del orden social. También es difícil estimular la solidaridad de los países más solventes, cuando los fondos de rescate no se destinan a la reactivar la producción y el empleo sino a preservar el valor de las acreencias de los prestamistas.
La necesaria armonización de la política fiscal en la UE no radica en el ajuste para recuperar la confianza de los mercados, sino en reestructurar las deudas excesivas y repartir los costos entre las tres partes responsables: deudores, acreedores y gobiernos que promovieron la desregulación de la financiarización. Este saneamiento de base es la plataforma para las reformas, sin duda necesarias, para equilibrar las finanzas públicas y ponerlas al servicio del crecimiento y del empleo. Los problemas actuales no tienen solución mientras prevalezca en los países el Estado neoliberal y, en el marco de la UE, el Estado supranacional neoliberal. Dentro del marco de delegación de soberanía que implica la existencia de la UE, los Estados miembros tienen que recuperar las funciones propias del Estado nacional para privilegiar el interés social por encima de los de la especulación financiera.
A Europa y al mundo les conviene que la UE se consolide y juegue el papel que le corresponde, entre otras cosas, con el formidable aporte de su cultura, en la construcción de un orden mundial pacífico, seguro, con oportunidades para todos. Para tales fines, la UE confronta tres desafíos principales y concurrentes. Primero, subordinar el sector financiero a la economía real y recuperar la autonomía necesaria de las políticas públicas frente a los criterios de los mercados especulativos. Éste es, también, un requisito de la recuperación de la economía mundial. Segundo, profundizar las normas comunitarias abarcando los lineamientos básicos de las políticas fiscales de los países miembros, incluyendo la emisión de deuda en bonos euro comunitarios. Tercero, profundizar la solidaridad aceptando que, como en un Estado nacional, los problemas de sus partes componentes son problemas de todos y, en particular, que las coberturas sociales tengan respaldo comunitario.
Los acontecimientos recientes ponen a prueba la voluntad política de los países más importantes de la UE, de sus electorados y gobiernos, de asumir semejante empresa de la construcción de Europa y sus costos.
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