La UIA y exportadores reclamaron a la UIF la suspensión de una (…)
Argentina – 06/04/2011 – Buenos Aires Económico – Pág. 7/Sección: Argentina – Tiempo de Lectura: 2′ 29»
La UIA y exportadores reclamaron a la UIF la suspensión de una medida antilavado:
La norma aplica nuevos y estrictos controles sobre comercio exterior
La UIA y exportadores reclamaron a la UIF la suspensión de una medida antilavado:
La norma aplica nuevos y estrictos controles sobre comercio exterior
La resolución oficial que contempla declaraciones juradas y documentación a clientes de exportadores e importadores disparó la reacción de la UIA y de la Cámara de Exportadores de la Argentina.
La Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) y la Unión Industrial Argentina pidieron la suspensión de la resolución 39/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intensificó los controles sobre el comercio exterior. Ambas entidades la consideraron «perjudicial» para la actividad.
Y por si fuera poco, la UIA analiza con preocupación la puesta en marcha de la resolución 11/2011, que se refiere al control sobre las operaciones de las personas polí-
ticamente expuestas (PEP).
En el caso de la vigencia de la resolución 39/11, desde el pasado viernes, adelantada por BAE, fue rechazada por la junta directiva de la UIA y motivó una presentación administrativa de la CERA ante la UIF. «Hay que aclarar los alcances, porque complica el comercio exterior. ¿Que voy a tener que pedirle declaraciones juradas a mis compradores en Brasil?», se preguntó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adim-ra), Juan Lascurain.
A su turno, fuentes de la CERA confirmaron la presentación de un recurso ante la UIF para suspender la resolución 39/11. Y señalaron que durante un seminario se analizó que el Gobierno -el año pasado-ya había elevado un proyecto para dejar a exportadores, importadores y transporte aduanero fuera de mayores exigencias.
En cuanto a la resolución 11/2011, que pone el acento en las PEP, establece medidas reforzadas de conocimiento del cliente para estos casos ante operaciones específicas, el pedido de una declaración jurada sobre su condición de PEP y seguimientos más exhaustivos de la relación comercial de estos sujetos.
Incluso, esta clase de monitoreo alcanza a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad.
«Es una locura. Voy a tener que preparar informes sobre mi familia», dijo Lascurain en tono irónico.
En tanto, las autoridades del Grupo de Acción Financiera de Sud-américa (Gafisud) iniciaron ayer una visita a la Argentina, donde se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
Alak y Sbattella expusieron el avance de las nuevas medidas y también hubo un señalamiento sobre el incipiente consenso para que se vote la ley «antilavado».
COMPRAVENTA DE AUTOS. BAJO LA LUPA
La Subdirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y créditos prendarios, dispuso extender a todas las compras y ventas de autos y motos los controles pedidos por la Unidad de Información Financiera. De este modo, se pedirá una declaración jurada ante cualquier operación y no sólo a partir de los 50 mil pesos. Hasta los 200.000 pesos, alcanza con la declaración jurada y por encima, una documentación que avale el origen de fondos. Según el Boletín Oficial, se añade la obligación para las personas de informar su profesión, lugar de trabajo, lugar de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.
La Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA) y la Unión Industrial Argentina pidieron la suspensión de la resolución 39/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intensificó los controles sobre el comercio exterior. Ambas entidades la consideraron «perjudicial» para la actividad.
Y por si fuera poco, la UIA analiza con preocupación la puesta en marcha de la resolución 11/2011, que se refiere al control sobre las operaciones de las personas polí-
ticamente expuestas (PEP).
En el caso de la vigencia de la resolución 39/11, desde el pasado viernes, adelantada por BAE, fue rechazada por la junta directiva de la UIA y motivó una presentación administrativa de la CERA ante la UIF. «Hay que aclarar los alcances, porque complica el comercio exterior. ¿Que voy a tener que pedirle declaraciones juradas a mis compradores en Brasil?», se preguntó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adim-ra), Juan Lascurain.
A su turno, fuentes de la CERA confirmaron la presentación de un recurso ante la UIF para suspender la resolución 39/11. Y señalaron que durante un seminario se analizó que el Gobierno -el año pasado-ya había elevado un proyecto para dejar a exportadores, importadores y transporte aduanero fuera de mayores exigencias.
En cuanto a la resolución 11/2011, que pone el acento en las PEP, establece medidas reforzadas de conocimiento del cliente para estos casos ante operaciones específicas, el pedido de una declaración jurada sobre su condición de PEP y seguimientos más exhaustivos de la relación comercial de estos sujetos.
Incluso, esta clase de monitoreo alcanza a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad.
«Es una locura. Voy a tener que preparar informes sobre mi familia», dijo Lascurain en tono irónico.
En tanto, las autoridades del Grupo de Acción Financiera de Sud-américa (Gafisud) iniciaron ayer una visita a la Argentina, donde se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
Alak y Sbattella expusieron el avance de las nuevas medidas y también hubo un señalamiento sobre el incipiente consenso para que se vote la ley «antilavado».
COMPRAVENTA DE AUTOS. BAJO LA LUPA
La Subdirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y créditos prendarios, dispuso extender a todas las compras y ventas de autos y motos los controles pedidos por la Unidad de Información Financiera. De este modo, se pedirá una declaración jurada ante cualquier operación y no sólo a partir de los 50 mil pesos. Hasta los 200.000 pesos, alcanza con la declaración jurada y por encima, una documentación que avale el origen de fondos. Según el Boletín Oficial, se añade la obligación para las personas de informar su profesión, lugar de trabajo, lugar de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.
(Automotrices)
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