Industrias locales podrán objetar las licitaciones del Estado (…)
Argentina – 13/06/2011 – Buenos Aires Económico – Pág. 2/Sección: Argentina – Tiempo de Lectura: 4′ 31»
Industrias locales podrán objetar las licitaciones del Estado ganadas por las multinacionales:
Eso es lo que está en discusión en la reforma a la ley de «compre trabajo argentino»
Industrias locales podrán objetar las licitaciones del Estado ganadas por las multinacionales:
Eso es lo que está en discusión en la reforma a la ley de «compre trabajo argentino»
La norma amplia el poder de las cámaras industriales locales, que podrían pedir revisión de licitaciones. Los cambios, que perjudican a las multinacionales, requerirán del consenso con la oposición, que tiene mayoría en la Cámara baja.
Los sistemas de contratación podrán ser revisados por las cámaras industriales locales que, además, podrán objetar las licitaciones. Esos son los puntos más fuertes de la modificación a la ley que regula el régimen de compras del Estado que se está discutiendo por estas horas en la Cámara de Diputados. La norma busca ponderar el rol de las empresas locales respecto de las multinacionales en su relación con el Estado.
El martes, las comisiones de la Cámara baja empezaron a analizar en plenario la reforma a la llamada ley de «compre trabajo argentino» junto con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Argentina Internet Association (Cabase) y la Cámara Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra).
El régimen de preferencia por la industria local fue incorporado a la legislación argentina en el 2001 a través de la sanción de la ley 25.551. Establece que el Estado nacional otorgue prioridad a la adquisición o locación de bienes de origen nacional en la contratación de provisiones, obras y servicios públicos. También, se dicta que el intercambio sea en moneda local para «evitar que los productos nacionales pierdan competitividad en el cambio de monedas.
Para que se apruebe la reforma a la ley, que ya tiene sanción del Senado, las comisiones de Obras Públicas, Comercio e Industria de Diputados deben emitir un dictamen sin modificaciones. De lo contrario, volverá a la Cámara alta. Aún el resultado no es claro, pero son varios los diputados que hablan de cambios.
OBLIGADOS. El diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri señaló que, si bien «hay mucho consenso sobre la iniciativa», que se sancione la ley «depende de la voluntad de la oposición, porque la Cámara de Diputados la maneja el grupo A».
Por eso, remarcó que «el oficialismo estaría dispuesto a apoyarla pero no tenemos mayoría». «Tenemos voluntad de avanzar, pero insisto en la responsabilidad mayoritaria opositora. Hay que tener conciencia de fortalecer el mercado nacional».
Sin embargo, algunos diputados opositores, como el titular de la Comisión de Industria, Daniel Germano (Peronismo Federal), manifestaron que no están de acuerdo con la totalidad del proyecto y que propondrán modificaciones.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Christian Gribaudo, adelantó a BAE que se invitará a la ministra de Industria, Débora Giorgi, para escuchar la posición del Ejecutivo.
Las modificaciones sugeridas en la nueva ley, con respecto a la sancionada durante el gobierno de Fernando De la Rúa son diversas. Entre ellas, tal vez la más importante es la que amplía y especifica quiénes son los sujetos que están obligados a otorgar la preferencia a la adquisición de bienes de origen nacional. Francisco Blaksley, asesor del Equipo de Gestión Económica y Social (EGES), que trabajó junto al senador Daniel Pérsico en la elaboración del proyecto, explicó que en la normativa actual no están bien catalogados cuáles son los agentes involucrados. La nueva ley establece que están obligados el Estado y todos los agentes de la ley de administración financiera, que circunscribe a los fideicomisos y las sociedades del Estado, así como los concesionarios, prestatarios y subcontratistas de las operaciones estatales.
ESCALAS. Además, se incorporó a las entidades públicas provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, cuando el Estado Nacional les transfiere fondos del Tesoro nacional para la ejecución de obras o servicios, condicionando la transferencia a la aplicación del «compre local». En este caso, el Estado nacional puede, a la hora de transferir, exigir que para esa obra se efectúe el «compre nacional», aclaró Blaksley, que agregó: «La modificación mejora los alcances de la ley actual. Es más específica, más precisa, más concisa, más clara».
Otra modificación es la mayor participación del sector privado: las cámaras empresarias podrán revisar los sistemas de contratación de los sujetos obligados.
También, ahora los privados estarán obligados a establecer ajustarse a un sistema de contratación abierto y público transparente que garantice la participación del sector industrial nacional.
Blaksley explicó que el régimen actual establece una única penalidad: la caducidad de la contratación. «El que la sanción sea ‘todo o nada’ vuelve a la norma impracticable. Por eso la nueva propuesta es que haya distintas escalas de penas q van desde multas hasta apercibimientos», describió.
LOS SISTEMAS DE PREFERENCIA ALIENTAN LA PRODUCCIÓN
– Los sistemas de preferencia por la industria local han sido aplicados con variantes en muchos países. Luego de la crisis de 2008, esta práctica fue empezando a implementarse con mayor preponderancia en virtud de intentar fortalecer las economías nacionales mediante el mercado interno. Estas medidas suelen ser tratadas de proteccionistas, pero no restringen a los productos internacionales sino que dan prioridad a los locales, siempre y cuando mantengan los precios y calidades de competencia. El gobierno de Juan Domingo Perón intentó implementar el sistema de compre argentino, pero en ese caso era más restrictivo: el Estado estaba casi obligado a comprar productos nacionales. Eso alentó cuestionamientos que argüían que eso iba a desarrollar una suerte de industria de baja calidad.
«Eso no pasa en este proyecto», subrayó un asesor de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. «En esta iniciativa, para que el Estado y sus agentes se comprometan a comprar al mercado nacional tienen que hacer productos competitivos, no se le regala nada a nadie», insistió.
Los sistemas de contratación podrán ser revisados por las cámaras industriales locales que, además, podrán objetar las licitaciones. Esos son los puntos más fuertes de la modificación a la ley que regula el régimen de compras del Estado que se está discutiendo por estas horas en la Cámara de Diputados. La norma busca ponderar el rol de las empresas locales respecto de las multinacionales en su relación con el Estado.
El martes, las comisiones de la Cámara baja empezaron a analizar en plenario la reforma a la llamada ley de «compre trabajo argentino» junto con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Argentina Internet Association (Cabase) y la Cámara Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra).
El régimen de preferencia por la industria local fue incorporado a la legislación argentina en el 2001 a través de la sanción de la ley 25.551. Establece que el Estado nacional otorgue prioridad a la adquisición o locación de bienes de origen nacional en la contratación de provisiones, obras y servicios públicos. También, se dicta que el intercambio sea en moneda local para «evitar que los productos nacionales pierdan competitividad en el cambio de monedas.
Para que se apruebe la reforma a la ley, que ya tiene sanción del Senado, las comisiones de Obras Públicas, Comercio e Industria de Diputados deben emitir un dictamen sin modificaciones. De lo contrario, volverá a la Cámara alta. Aún el resultado no es claro, pero son varios los diputados que hablan de cambios.
OBLIGADOS. El diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri señaló que, si bien «hay mucho consenso sobre la iniciativa», que se sancione la ley «depende de la voluntad de la oposición, porque la Cámara de Diputados la maneja el grupo A».
Por eso, remarcó que «el oficialismo estaría dispuesto a apoyarla pero no tenemos mayoría». «Tenemos voluntad de avanzar, pero insisto en la responsabilidad mayoritaria opositora. Hay que tener conciencia de fortalecer el mercado nacional».
Sin embargo, algunos diputados opositores, como el titular de la Comisión de Industria, Daniel Germano (Peronismo Federal), manifestaron que no están de acuerdo con la totalidad del proyecto y que propondrán modificaciones.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Christian Gribaudo, adelantó a BAE que se invitará a la ministra de Industria, Débora Giorgi, para escuchar la posición del Ejecutivo.
Las modificaciones sugeridas en la nueva ley, con respecto a la sancionada durante el gobierno de Fernando De la Rúa son diversas. Entre ellas, tal vez la más importante es la que amplía y especifica quiénes son los sujetos que están obligados a otorgar la preferencia a la adquisición de bienes de origen nacional. Francisco Blaksley, asesor del Equipo de Gestión Económica y Social (EGES), que trabajó junto al senador Daniel Pérsico en la elaboración del proyecto, explicó que en la normativa actual no están bien catalogados cuáles son los agentes involucrados. La nueva ley establece que están obligados el Estado y todos los agentes de la ley de administración financiera, que circunscribe a los fideicomisos y las sociedades del Estado, así como los concesionarios, prestatarios y subcontratistas de las operaciones estatales.
ESCALAS. Además, se incorporó a las entidades públicas provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, cuando el Estado Nacional les transfiere fondos del Tesoro nacional para la ejecución de obras o servicios, condicionando la transferencia a la aplicación del «compre local». En este caso, el Estado nacional puede, a la hora de transferir, exigir que para esa obra se efectúe el «compre nacional», aclaró Blaksley, que agregó: «La modificación mejora los alcances de la ley actual. Es más específica, más precisa, más concisa, más clara».
Otra modificación es la mayor participación del sector privado: las cámaras empresarias podrán revisar los sistemas de contratación de los sujetos obligados.
También, ahora los privados estarán obligados a establecer ajustarse a un sistema de contratación abierto y público transparente que garantice la participación del sector industrial nacional.
Blaksley explicó que el régimen actual establece una única penalidad: la caducidad de la contratación. «El que la sanción sea ‘todo o nada’ vuelve a la norma impracticable. Por eso la nueva propuesta es que haya distintas escalas de penas q van desde multas hasta apercibimientos», describió.
LOS SISTEMAS DE PREFERENCIA ALIENTAN LA PRODUCCIÓN
– Los sistemas de preferencia por la industria local han sido aplicados con variantes en muchos países. Luego de la crisis de 2008, esta práctica fue empezando a implementarse con mayor preponderancia en virtud de intentar fortalecer las economías nacionales mediante el mercado interno. Estas medidas suelen ser tratadas de proteccionistas, pero no restringen a los productos internacionales sino que dan prioridad a los locales, siempre y cuando mantengan los precios y calidades de competencia. El gobierno de Juan Domingo Perón intentó implementar el sistema de compre argentino, pero en ese caso era más restrictivo: el Estado estaba casi obligado a comprar productos nacionales. Eso alentó cuestionamientos que argüían que eso iba a desarrollar una suerte de industria de baja calidad.
«Eso no pasa en este proyecto», subrayó un asesor de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. «En esta iniciativa, para que el Estado y sus agentes se comprometan a comprar al mercado nacional tienen que hacer productos competitivos, no se le regala nada a nadie», insistió.
(Poder Legislativo – Panorama Económico)
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