Empresarios rechazan el doble control de la UIF sobre las (…)
Argentina – 08/06/2011 – Buenos Aires Económico – Pág. 3/Sección: Argentina – Tiempo de Lectura: 2′ 59»
Empresarios rechazan el doble control de la UIF sobre las compañías y las cámaras:
Para De Mendiguren y Wagner alcanza con el seguimiento a las firmas
Empresarios rechazan el doble control de la UIF sobre las compañías y las cámaras:
Para De Mendiguren y Wagner alcanza con el seguimiento a las firmas
La sanción de la ley antilavado generó la reacción de industriales y empresarios de la construcción. No aceptan el control sobre las centrales empresariales porque las firmas ya enfrentan obligaciones.
Los empresarios comenzaron a cuestionar las modificaciones a la ley antilavado, que fueron aprobadas la semana pasada. Rechazaron que todos los directivos sean considerados como «personas políticamente expuestas» (PEP), lo cual los pone bajo la lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, como su par de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, y el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra). Juan Lascurain, consideraron que ya existe un correcto control sobre las empresas en varios planos, y que no debe haber uno más sobre las centrales empresariales.
la categoría de PEP quedó definida con la resolución 11/2011, que UIF emitió en enero pasado, y que ahora forma parte del artículo 21 bis de la nueva ley 25.246.
Allí, la unidad aprobó la nómina de PEP como: funcionarios nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales contempladas en la ley 23.660.
El presidente de la UIF, José Sbattella, afirmó a este diario que la ley alcanza a diversos referentes como» [Hugo] Moyano, en calidad de secretario general de la CGT [Confederación General del Trabajo]».
La norma abarca a los funcionarios diplomáticos, y en todos los casos, a cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad.
DESACUERDO. «No me parece correcta esa categoría (PEP); es un tema delicado para conversar en forma tranquila, pero los controles sobre las empresas ya existen largamente», expresó De Mendiguren. A su turno, Lascurain indicó que «esto es una locura». Subrayó: «Voy a pedir que Adimra esté eximida de estos controles».
En el mismo sentido, Wagner consideró la medida como «una exageración» y dijo que «en todo el mundo los controles [antilavado] se dan sobre las empresas, no en las centrales empresariales». En esta dirección, señaló que «sí ocurre que en general, los políticos y gremios están calificados como PEP».
En un razonamiento orientado hacia el futuro de la normativa, Wagner destacó que «nosotros, en el consejo directivo, somos 27 miembros; y todos quedamos como PEP, es algo absurdo».
Tal vez, el peor escenario imaginado -en este momento- por los empresarios se podría ilustrar con la última frase utilizada por el hombre de la construcción. «Ahora lo que falta es que cada dirigente diga: ‘Yo me voy, pongo la cara, no me pagan por este cargo, y me están persiguiendo'».
Por ahora, y mientras no comenzó el tratamiento del proyecto de ley «correctivo» girado a la Cámara de Diputados, los empresarios se debaten entre esperar las consecuencias o avanzar en algún acercamiento con el Gobierno.
Los empresarios comenzaron a cuestionar las modificaciones a la ley antilavado, que fueron aprobadas la semana pasada. Rechazaron que todos los directivos sean considerados como «personas políticamente expuestas» (PEP), lo cual los pone bajo la lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, como su par de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, y el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra). Juan Lascurain, consideraron que ya existe un correcto control sobre las empresas en varios planos, y que no debe haber uno más sobre las centrales empresariales.
la categoría de PEP quedó definida con la resolución 11/2011, que UIF emitió en enero pasado, y que ahora forma parte del artículo 21 bis de la nueva ley 25.246.
Allí, la unidad aprobó la nómina de PEP como: funcionarios nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales contempladas en la ley 23.660.
El presidente de la UIF, José Sbattella, afirmó a este diario que la ley alcanza a diversos referentes como» [Hugo] Moyano, en calidad de secretario general de la CGT [Confederación General del Trabajo]».
La norma abarca a los funcionarios diplomáticos, y en todos los casos, a cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad.
DESACUERDO. «No me parece correcta esa categoría (PEP); es un tema delicado para conversar en forma tranquila, pero los controles sobre las empresas ya existen largamente», expresó De Mendiguren. A su turno, Lascurain indicó que «esto es una locura». Subrayó: «Voy a pedir que Adimra esté eximida de estos controles».
En el mismo sentido, Wagner consideró la medida como «una exageración» y dijo que «en todo el mundo los controles [antilavado] se dan sobre las empresas, no en las centrales empresariales». En esta dirección, señaló que «sí ocurre que en general, los políticos y gremios están calificados como PEP».
En un razonamiento orientado hacia el futuro de la normativa, Wagner destacó que «nosotros, en el consejo directivo, somos 27 miembros; y todos quedamos como PEP, es algo absurdo».
Tal vez, el peor escenario imaginado -en este momento- por los empresarios se podría ilustrar con la última frase utilizada por el hombre de la construcción. «Ahora lo que falta es que cada dirigente diga: ‘Yo me voy, pongo la cara, no me pagan por este cargo, y me están persiguiendo'».
Por ahora, y mientras no comenzó el tratamiento del proyecto de ley «correctivo» girado a la Cámara de Diputados, los empresarios se debaten entre esperar las consecuencias o avanzar en algún acercamiento con el Gobierno.
CARLOS WAGNER
Presidente de la Cámara de la Construcción
«Esto es una exageración; en todo el mundo los controles se dan sobre las empresas y no sobre las centrales empresariales. No es lo mismo que en el caso de los gremios o los políticos.»
JOSÉ I. OE MENDIGUREN
Titular de la Unión Industrial Argentina
«No me parece correcta esa categoría (PEP); es un tema delicado para conversar en forma tranquila. Pero los controles sobre las empresas ya existen largamente.»
JUAN LASCURAIN
Presidente de Adimra
«Es una locura; puedo adelantar que voy a pedir que Adimra esté eximida de estos controles», aseguró el empresario metalúrgico. Por ahora, es la cámara más dura con la normativa.
(Poder Legislativo – Panorama Económico)
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