El Gobierno lleva a la Justicia a los Moyano y habrá paro nacional

Argentina – 21/06/2012 – Ambito Financiero – Pág. 2-3 – Tiempo de Lectura: 5′ 40»
 
SE DISPUSO LA INTERVENCIÓN DE GENDARMERÍA. TENSIÓN EN EL INGRESO A LAS PLANTAS

Hugo Moyano lanzó anoche un paro nacional de camioneros, al enterarse de que el Gobierno lo llevará a la Justicia por el presunto delito de amenazas agravadas e impedir el «normal funcionamiento del transporte». El titular del gremio, que además anticipó una movilización a Plaza de Mayo, justificó la decisión de profundizar el conflicto ante «la ignorancia y la soberbia» del Gobierno. La decisión de avanzar en la acusación penal contra Hugo y Pablo Moyano fue resuelta anoche por Cristina de Kirchner una vez llegada a la quinta de Olivos luego de su viaje a Río de Janeiro, y fue justificada por la posible violación de los artículos 149 y 149 bis del Código Penal por buscar «obtener por la fuerza una medida o concesión por parte de alguno de los poderes públicos». La presentación se hará a partir del trabajo realizado ayer por la tarde por la Procuración del Tesoro que maneja Carmen Abbona, aprobada luego por la Presidente. Además de esta denuncia, el Ejecutivo avanzará también contra el gremio de Camioneros en la Justicia. Más allá de otras embestidas políticas, la decisión oficial es la de avanzar contra los Moyano en presentaciones judiciales que busquen debilitar al gremio con multas y, eventualmente -si el conflicto se profundiza- cuestionar la representatividad gremial de los Moyano en la Federación de Camioneros y, quizá, hasta disputar la legalidad al frente del gremio. La hipótesis de trabajo es que Hugo y Pablo Moyano violaron la ley al no acatar la conciliación obligatoria dictada el martes por la tarde por el Ministerio de Trabajo, incluyendo la intimación al sindicato con aplicar sanciones directas si continuaba con el paro. Desde el Ministerio de Trabajo se afirma que los Moyano en ningún momento tuvieron voluntad de negociar seriamente las paritarias 2012 antes de llegar a este paro. Se menciona que los camioneros cerraron hasta 2011, años de cercanía con el kirchnerismo, acuerdos de aumento salarial del 24% en promedio y casi sin discusión con los empresarios del sector. Este 2012 la situación cambió al compás de la pelea política y, según el Gobierno, la necesidad del camionero de mostrarse hipercrítico y paladín de la suba del mínimo de ganancias ante el congreso de renovación de autoridades de la CGT del 12 de julio. Según la versión oficial, el lunes pasado, día del lanzamiento del paro, Pablo Moyano sólo negoció 20 minutos. Al tener enfrente a los empresarios reclamó su aumento del 30% y el pago de los 3.000 pesos a cuenta de Ganancias, y recibió una contraoferta del 21%, se ofendió y levantó la sesión. Trabajo afirma que en ese momento se le presentó la decisión oficial de dictar la conciliación obligatoria, tal como se había concretado en el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en marzo pasado, donde hubo una aceptación sin más de Antonio Caló. Aseguran en la cartera laboral que maneja Carlos Tomada que el hijo de Hugo Moyano aceptó la conciliación y que el martes a la madrugada se concluyó que habría nuevas reuniones el miércoles (por ayer). Aquí la historia se bifurca. Desde el Gobierno se afirma que los Moyano se desdijeron y lanzaron el paro, lo que derivó en la firma por parte de Trabajo de la Disposición 157, en la que se intima con la aplicación de las leyes 25.212 y 23.551; se le permite al Ejecutivo accionar progresivamente contra un gremio que no acepta una conciliación obligatoria con multas, intervenciones y hasta quitas de la personería jurídica. Según Moyano, la conciliación nunca llegó al sindicato, que curiosamente mantiene todas sus sedes oficiales cerradas para no recibir estas notificaciones. Así, Camioneros afirma que no está desacatando ninguna orden oficial y sólo ejerciendo su derecho a huelga. El gremio tampoco avala la visión de la negociación de 20 minutos del lunes en Trabajo. Según el sindicato, «nos tuvieron 10 horas boludeando a tres pisos de diferencia de los empresarios para después faltarnos el respeto con una oferta irrespetuosa». Luego la historia se acelera. Moyano comenzó a bloquear refinerías, comenzó a faltar la nafta, Cristina de Kirchner recibió el material legal para accionar contra Camioneros y decidió acelerar su regreso a la Argentina. Concretamente, la legislación que el Gobierno quiere aplicar contra la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros es la Ley 25.212 y la 23.551. En la primera se menciona como una «infracción muy grave» la «violación de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos». En la segunda se autoriza al Gobierno a «peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical» cuando esa institución haya «incurrido en graves irregularidades», referidas a la primera ley. La misma norma impone antes del retiro de la personería gremial y la intervención la aplicación de multas que podrían llegar a 5.000 pesos por afiliado que no acepte una conciliación obligatoria. Como la movilización alcanzó a unos 2.000 camioneros, el pago inicial debería ser un millón de pesos. Si se les aplicara a los 70.000 afiliados que para el Gobierno tiene el gremio, la multa sería de 350 millones. Impensable sería si los afiliados llegaran a lo que dice Moyano que responden al sindicato: 200.000 trabajadores. Las intervenciones directas sobre gremios y la aplicación de la ley de representación sindical tienen, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner dos antecedentes (no lo hubo durante la gestión de Néstor Kirchner). La primera se registró en abril de 2011 durante un conflicto interno en el sindicato de petroleros de Santa Cruz, más exactamente en Caleta Olivia. El segundo fue en noviembre de 2011 contra la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), luego de la decisión que había adoptado el Gobierno de pasar la órbita de la Fuerza Aérea el control de la navegación. Ambos sirven para el caso camioneros. En el primero se trató de una intervención directa por un conflicto interno por la titularidad del gremio, que derivó en un bloqueo de destilerías y tropiezas en la sede del sindicato, barrabravas incluidas. La Justicia habilitó al Gobierno a tomar el control y normalizar la situación interna. En el segundo, el de APTA fue el primer caso donde se pidió la suspensión de la personería gremial por no haber aceptado un llamado a conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo para que se suspenda una medida de fuerza. Hubo una presentación ante la Justicia, que luego quedó en la nada ante la decisión de los dirigentes del gremio de levantar un paro, que nunca más volvieron a realizar. En esos momentos, se recuerda curiosamente, el negociador por parte del Estado fue Hugo Moyano, aún aliado al oficialismo.
Por: Carlos Burgueño
Dock Sud, una de las plantas donde se impidió ayer la salida de camiones con combustible.; Gabriel Mariotto y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el edificio Centinela de Gendarmería.; Con la Presidente en viaje, Amado Boudou aprovechó la ceremonia en Rosario para referirse al conflicto.; Tensión anoche en la planta de YPF en La Matanza entre manifestantes camioneros y policías.
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Denuncia
El sindicato de Camioneros denunció anoche al secretario de Seguridad, Sergio Berni, ante la posible salida de camiones de las refinerías sin personal capacitado. La presentación, firmada por Hugo Antonio Moyano, abogado y uno de los hijos del jefe del gremio, se basó en el artículo 247 del Código Penal que sanciona el ejercicio ilegal de una profesión o actividad. Quedó radicada en la Justicia federal de La Matanza.

(Información General – Situación Laboral – Panorama Político)