Reuniones tensas y señales externas fuertes por YPF
Argentina – 13/04/2012 – Clarín – Pág. 33/Sección: Opinión – Tiempo de Lectura: 4′ 22»
Panorama empresarial: Por distintos canales, las autoridades españolas y de la empresa Repsol han advertido sobre los efectos negativos de un cambio de reglas para los inversores privados.
Panorama empresarial: Por distintos canales, las autoridades españolas y de la empresa Repsol han advertido sobre los efectos negativos de un cambio de reglas para los inversores privados.
Marcelo Bonelli
Antonio Brufau no dio ninguna respuesta ayer, cuando el Gobierno le dejó entender que decidirá tomar el control de YPF. Escuchó las explicaciones de Julio De Vido y sólo trasmitió una advertencia: el Gobierno de España no tolerará una propuesta que afecte los intereses ibéricos y que no sea consensuada con Repsol. En otras palabras: estaría dispuesto a negociar la transferencia de parte del paquete accionario, pero siempre que Argentina respete el valor real que las acciones tienen según el actual estatuto de YPF. Hay una diferencia del 70%.
Para Repsol, YPF sigue costando 17.000 millones de dólares y Argentina tendría que trasferirle la mitad de ese dinero si quiere evitar conflictos internacionales para tener el control del 50% del paquete accionario. También Brufau le trasmitió que la decisión puede tener un impacto internacional negativo por el inesperado cambio de las reglas de juego para los inversores privados. Habló del 17% de accionistas institucionales de Estados Unidos.
En Nueva York, varios bancos de inversión ya advirtieron que el avance sobre YPF puede generar también una pérdida de valor fuerte en todas las acciones argentinas. Informes reservados del J.P. Morgan, el Barclays y el Citibank advierten que los problemas de YPF se trasladarían a las acciones de bancos argentinos, telefónicas y firmas de servicios energéticos que cotizan en Wall Street.
Ayer, la tensa reunión entre De Vido y Brufau sólo se concretó a título informativo y después de que intercediera la Cancillería de Madrid. El miércoles, desde la oficina de José Manuel García Margallo hubo un llamado al secretario Legal Carlos Zannini, pidiendo que el encuentro se concrete.
Brufau regresó a Madrid lleno de dudas sobre los pasos que dará el Gobierno.
La operación fortaleció dentro del Gobierno a Carlos Zannini, quien durante el fin de semana largo frenó los ímpetus estatistas extremos del viceministro de Economía y estableció una propuesta legal lo más prolija posible. Sus argumentos convencieron a Cristina y Máximo Kirchner.
Pero, en cambio, el embajador argentino en España sufrió un duro traspié. Carlos Bettini bregó por una solución acordada y perdió la interlocución con la Casa Rosada.
Ayer en la Cancillería se hablaba de su posible salida, después de las graves amenazas del Gobierno de Madrid.
El proyecto para tomar el control estatal de YPF refleja algo que el Gobierno quiere ocultar: el fracaso de su política petrolera, que provocó la pérdida del autoabastecimiento y obliga ahora a la Argentina a gastar unos 14.000 millones de dólares anuales para cubrir la matriz energética.
La estrategia fue impulsada por Néstor Kirchner y ratificada por la Presidenta en su primer mandato en el 2007. Kirchner lanzó la política de subsidiar al consumidor y fijar precios bajos a los productores, para paliar los efectos de la crisis del 2001, pero Cristina no tuvo reflejos para modificarla cuando la estrategia tenía síntomas de agotamiento al comienzo de su gestión. La consecuencia fue que Argentina perdiera el clave y estratégico autoabastecimiento energético y ahora sea totalmente vulnerable a los abultados precios internacionales.
El grupo de los ex secretarios de Energía advirtieron la situación desde 2008 y sólo recibieron burlas de la Casa Rosada.
Cristina se equivocó y ahora ese diagnóstico técnico se hizo realidad y por eso el Gobierno decidió salir para adelante: culpar a YPF de los problemas y propiciar la impactante decisión de su nacionalización.
Así, la Argentina cambió en dos décadas cuatro veces su modelo petrolero. Paso de la tradicional YPF estatal, a una absurda extranjerización total. Después Kirchner habilitó el ingreso a YPF del Grupo Petersen y ahora se lanzó un plan con una estatización mixta. El Gobierno pondrá al presidente de la empresa y al tendrá bajo su órbita el comité de control de la firma.
Pero eso no garantiza algo clave: para revertir el déficit energético actual hacen falta fondos suculentos, que nadie sabe de dónde saldrán, para financiar las inversiones estratégicas más relevantes.
El plan en curso incluye utilizar los fondos que son de los jubilados y las reservas del Banco Central. Se trata de medidas polémicas, que debilitarán el sistema provisional y la solidez del BCRA.
El primer paquete que se comprará es el del Grupo Eskenazi. La determinación tiene una clara definición política: Cristina Kirchner decidió avanzar contra todos los que no acompañen en forma absoluta su gestión. Incluso los que fueron socios económicos del modelo kirchnerista.
El primer cruce con ese grupo comenzó en diciembre, durante una reunión entre la Presidenta y Sebastián Eskenazi. El empresario que llegó de la mano de Néstor Kirchner a YPF le advirtió que era imposible evitar girar utilidades a España. Nunca más hablaron y Eskenazi comenzó a recibir un trato tan indiferente como el dispensado a otro aliado del Gobierno, Jorge Brito. Guillermo Moreno se cansó de desacreditarlo: «Brito es un traidor a la patria», dijo.
Ahora el turno le tocó a Adelmo Gabbi, también un hombre del riñón del poder.
Amado Boudou lo acusó de sugerirle pagar una coima, en un intento para cubrirse del escándalo Ciccone. Gabbi, se comunicó con todos los miembros del G-6 y les dijo: «Señores, eso que dice Boudou es una mentira. El vicepresidente miente.» Pero la situación de este trío de empresarios Eskenazi, Brito y Gabbi refleja la nueva política de la Casa Rosada hacia el movimiento empresarial.
La Presidenta quiere una alineación total de los hombres de negocios, o directamente los va a perseguir por considerarlos enemigos.
Antonio Brufau no dio ninguna respuesta ayer, cuando el Gobierno le dejó entender que decidirá tomar el control de YPF. Escuchó las explicaciones de Julio De Vido y sólo trasmitió una advertencia: el Gobierno de España no tolerará una propuesta que afecte los intereses ibéricos y que no sea consensuada con Repsol. En otras palabras: estaría dispuesto a negociar la transferencia de parte del paquete accionario, pero siempre que Argentina respete el valor real que las acciones tienen según el actual estatuto de YPF. Hay una diferencia del 70%.
Para Repsol, YPF sigue costando 17.000 millones de dólares y Argentina tendría que trasferirle la mitad de ese dinero si quiere evitar conflictos internacionales para tener el control del 50% del paquete accionario. También Brufau le trasmitió que la decisión puede tener un impacto internacional negativo por el inesperado cambio de las reglas de juego para los inversores privados. Habló del 17% de accionistas institucionales de Estados Unidos.
En Nueva York, varios bancos de inversión ya advirtieron que el avance sobre YPF puede generar también una pérdida de valor fuerte en todas las acciones argentinas. Informes reservados del J.P. Morgan, el Barclays y el Citibank advierten que los problemas de YPF se trasladarían a las acciones de bancos argentinos, telefónicas y firmas de servicios energéticos que cotizan en Wall Street.
Ayer, la tensa reunión entre De Vido y Brufau sólo se concretó a título informativo y después de que intercediera la Cancillería de Madrid. El miércoles, desde la oficina de José Manuel García Margallo hubo un llamado al secretario Legal Carlos Zannini, pidiendo que el encuentro se concrete.
Brufau regresó a Madrid lleno de dudas sobre los pasos que dará el Gobierno.
La operación fortaleció dentro del Gobierno a Carlos Zannini, quien durante el fin de semana largo frenó los ímpetus estatistas extremos del viceministro de Economía y estableció una propuesta legal lo más prolija posible. Sus argumentos convencieron a Cristina y Máximo Kirchner.
Pero, en cambio, el embajador argentino en España sufrió un duro traspié. Carlos Bettini bregó por una solución acordada y perdió la interlocución con la Casa Rosada.
Ayer en la Cancillería se hablaba de su posible salida, después de las graves amenazas del Gobierno de Madrid.
El proyecto para tomar el control estatal de YPF refleja algo que el Gobierno quiere ocultar: el fracaso de su política petrolera, que provocó la pérdida del autoabastecimiento y obliga ahora a la Argentina a gastar unos 14.000 millones de dólares anuales para cubrir la matriz energética.
La estrategia fue impulsada por Néstor Kirchner y ratificada por la Presidenta en su primer mandato en el 2007. Kirchner lanzó la política de subsidiar al consumidor y fijar precios bajos a los productores, para paliar los efectos de la crisis del 2001, pero Cristina no tuvo reflejos para modificarla cuando la estrategia tenía síntomas de agotamiento al comienzo de su gestión. La consecuencia fue que Argentina perdiera el clave y estratégico autoabastecimiento energético y ahora sea totalmente vulnerable a los abultados precios internacionales.
El grupo de los ex secretarios de Energía advirtieron la situación desde 2008 y sólo recibieron burlas de la Casa Rosada.
Cristina se equivocó y ahora ese diagnóstico técnico se hizo realidad y por eso el Gobierno decidió salir para adelante: culpar a YPF de los problemas y propiciar la impactante decisión de su nacionalización.
Así, la Argentina cambió en dos décadas cuatro veces su modelo petrolero. Paso de la tradicional YPF estatal, a una absurda extranjerización total. Después Kirchner habilitó el ingreso a YPF del Grupo Petersen y ahora se lanzó un plan con una estatización mixta. El Gobierno pondrá al presidente de la empresa y al tendrá bajo su órbita el comité de control de la firma.
Pero eso no garantiza algo clave: para revertir el déficit energético actual hacen falta fondos suculentos, que nadie sabe de dónde saldrán, para financiar las inversiones estratégicas más relevantes.
El plan en curso incluye utilizar los fondos que son de los jubilados y las reservas del Banco Central. Se trata de medidas polémicas, que debilitarán el sistema provisional y la solidez del BCRA.
El primer paquete que se comprará es el del Grupo Eskenazi. La determinación tiene una clara definición política: Cristina Kirchner decidió avanzar contra todos los que no acompañen en forma absoluta su gestión. Incluso los que fueron socios económicos del modelo kirchnerista.
El primer cruce con ese grupo comenzó en diciembre, durante una reunión entre la Presidenta y Sebastián Eskenazi. El empresario que llegó de la mano de Néstor Kirchner a YPF le advirtió que era imposible evitar girar utilidades a España. Nunca más hablaron y Eskenazi comenzó a recibir un trato tan indiferente como el dispensado a otro aliado del Gobierno, Jorge Brito. Guillermo Moreno se cansó de desacreditarlo: «Brito es un traidor a la patria», dijo.
Ahora el turno le tocó a Adelmo Gabbi, también un hombre del riñón del poder.
Amado Boudou lo acusó de sugerirle pagar una coima, en un intento para cubrirse del escándalo Ciccone. Gabbi, se comunicó con todos los miembros del G-6 y les dijo: «Señores, eso que dice Boudou es una mentira. El vicepresidente miente.» Pero la situación de este trío de empresarios Eskenazi, Brito y Gabbi refleja la nueva política de la Casa Rosada hacia el movimiento empresarial.
La Presidenta quiere una alineación total de los hombres de negocios, o directamente los va a perseguir por considerarlos enemigos.
Copyright Clarín, 2012.
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