Con la industria, no

Argentina – 19/02/2012 – LaNación.com – Tiempo de Lectura: 3′ 07»
 
Los nuevos mecanismos de control de las importaciones son a favor de la industria y promueven la inversión y el empleo. Las críticas a la DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) que sugieren lo contrario parten de un análisis simplista y cortoplacista que omite varios aspectos.
Entre ellos, el vínculo político entre el Gobierno y la industria.

Este sector económico fue el que más progresó desde que el kirchnerismo asumió la administración del país en mayo de 2003. Según la UIA, la actividad industrial aumentó un 106% entre 2003 y 2011; en consecuencia, su producto se ubicó el año pasado un 51% por encima del valor de 1998, año de máximo nivel actividad de la Convertibilidad. Además, de acuerdo con la misma fuente, en los últimos nueve años se incorporaron más de 15.000 empresas a la actividad manufacturera, que creó casi medio millón de empleos formales; sus exportaciones pasaron de U$S 8.047 millones en 2003 a U$S 29.193 millones en 2011, un incremento del 263%. Así, la industria se transformó en el mayor rubro de exportación de la Nación.

Frente a estos datos, ¿no es absurdo pensar que este gobierno repentinamente tome medidas en contra de un sector que hasta el presente ha sido un aliado estratégico en la creación de empleo e inclusión social?

Para muchos, esa performance se alcanzó gracias al «viento de cola». No obstante, ese mismo contexto internacional fue el que primarizó la estructura de exportación del resto de las economías de América latina. Frente a estos datos, ¿no es absurdo pensar que este gobierno repentinamente tome medidas en contra de un sector que hasta el presente ha sido un aliado estratégico en la creación de empleo e inclusión social?

La obvia vocación industrialista del kirchnerismo obliga a los críticos a tratar de instalar la idea de que los funcionarios públicos están cometiendo errores, producto de su desesperación por tratar de evitar la contracción del superávit comercial. Observan que la incidencia de la importación de bienes de consumo es muy reducida -en 2011, representó sólo un 11% de las importaciones cuando a fines de los noventa superaban el 20%-. Reconocen que, hasta ahora, la administración del comercio contribuyó a la reducción de la participación de los bienes de consumo en la importación total. Sin embargo, consideran que los nuevos controles son «excesivos» y que tendrán un impacto negativo sobre la industria, ya que evalúan que el resto de las compras externas es «indispensable» y «tejen una telaraña vital en la industria nacional».

La obvia vocación industrialista del kirchnerismo obliga a los críticos a tratar de instalar la idea de que los funcionarios públicos están cometiendo errores, producto de su desesperación por tratar de evitar la contracción del superávit comercial

Ese simplificado diagnóstico también es equivocado. Es un error decir que los bienes intermedios importados son indispensables para la industria nacional cuando gran parte se fabrica en el país y existe capacidad ociosa. La importación en ese rubro representa cerca del triple de la de bienes de consumo y su sustitución por fabricación local también genera empleo e importantes externalidades positivas al resto de la estructura productiva. Nuestra industria elabora para el mercado interno y exporta, entre otros, productos siderúrgicos, metalmecánicos, plásticos, insumos textiles, cueros, químicos, petroquímicos, papel, cartón y autopartes.

Desde ya, como todo proceso de transformación estructural y en el marco de reconstitución de capacidades estatales, pueden emerger problemas puntuales de insumos o bienes de capital que, o bien no se pueden ni se podrán producir en el futuro (por problemas de escala o por falta de ciertos insumos) o bien que para que se desarrollen se necesita el tiempo de maduración de ciertas inversiones y políticas al respecto.

La industria soportó más de un cuarto de siglo de políticas económicas que buscaron desintegrarla y nos llevaron a la peor crisis de nuestra historia. Lamentablemente, ese proyecto no sólo perjudicó el desarrollo productivo, sino también la capacidad de análisis del funcionamiento de la industria y del impacto de las políticas públicas en nuestro país.

*El autor es Director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer