Un nuevo e inédito modo de intimidar a empresarios
Argentina – 10/06/2011 – Clarín – Pág. 37/Sección: Opinión – Tiempo de Lectura: 4′ 13»
Panorama empresarial: Todos los máximos dirigentes del ámbito industrial, comercial y financiero han sido arbitrariamente sujetos a controles rigurosos de la Unidad de Información Financiera.
Panorama empresarial: Todos los máximos dirigentes del ámbito industrial, comercial y financiero han sido arbitrariamente sujetos a controles rigurosos de la Unidad de Información Financiera.
Marcelo Bonelli
Nadie lo dice abiertamente, pero los hombres de negocios ven una nueva forma de intimidación en esta decisión: la Unidad de Información Financiera incluyó a todos los máximos dirigentes del movimiento empresario en una lista de personas sujetas a investigación por lavado de dinero y corrupción.
Lo hizo utilizando atribuciones propias y según los líderes empresarios tergiversando la ley contra el lavado de dinero que sancionó la Argentina.
José Sbatella fijó los mecanismos de control a contramano de lo instrumentado en Estados Unidos y Europa. La medida provocó innumerables reuniones y quejas de la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y de la Construcción, así como la Asociación de Bancos. Lo mismo ocurrió en la Asociación Empresaria Argentina.
Enrique Wagner afirmó: «Es inadmisible». Carlos de la Vega coincidió: «Parece que quieren intimidar a los que trabajan en la acción gremial empresaria».
La dura reacción de los hombres de negocios obedece a un convencimiento íntimo: que el Gobierno habilitó a la UIF para tener una nueva herramienta eficaz a la hora de castigar a las asociaciones empresarias que sean rebeldes y no se alinean con la Casa Rosada.
En concreto, para los dirigentes empresarios se trata de otra presión del Gobierno contra el mundo de los negocios. El kirchnerismo ya utilizó la UIF para lanzar persecuciones contra hombres de negocios que no comulgan con el Gobierno. También la Casa Rosada intentó sin éxito quebrar el frente empresario, atacando a la AEA y también a la UIA.
Guillermo Moreno fogoneó una desafiliación en la AEA, que tuvo un ínfimo y efímero acatamiento. Amado Boudou trabajó para quebrar la unidad en la UIA, pero la central fabril se unificó bajo el mando de Ignacio de Mendiguren. Ahora, los líderes del establishment temen que estas disposiciones se utilicen para castigar a los dirigentes empresariales díscolos.
El convencimiento surgió después de las primeras consultas con Sbatella. Un experto en el tema, el doctor Víctor Dosoretz, así lo confió a la comisión directiva de la Cámara de Comercio: «Hicimos las consultas y en la UIF nos dijeron que la decisión de incluir a las cámaras empresarias es política». La UIF estableció como personas sujetas a control por lavado y corrupción a todos los directivos de las asociaciones empresarias. Fue a través de la resolución 11/2011 que firmó Sbatella.
La medida implica que todos los dirigentes empresarios de la Argentina estarán sujetos a controles estrictos y deberán proporcionar datos financieros confidenciales al Gobierno. Al margen de las obligaciones de sus propias compañías, también tendrán que informar movimientos de sus cónyuges, hermanos e hijos. La medida se aplicó al incorporar a los dirigentes empresarios en una lista de «Personas Políticamente Expuestas». De Mendiguren explotó en una reunión privada de la UIA: «Esto no existe en ningún país del mundo.» La primera reacción en el movimiento empresario fue la cautela. Muchos creyeron que Sbatella sobreactuó, para compensar la inacción que tuvo durante largo tiempo y mereció la reprobación internacional. El papelón del caso Sergio Schoklender fue el último de una larga lista de la UIF. Pero también se sostiene que Sbatella amplió el número de personas a investigar para diluir la vigilancia sobre los funcionarios y los delitos de corrupción de los políticos.
El tema se tratará en la próxima reunión del Grupo de las 6 entidades del establishment. Los hombres de negocios prometen una durísima declaración pública.
Los empresarios también están preocupados con la estrategia que tomó el Gobierno para tranquilizar temporalmente a la inflación. En una clara decisión electoral, la Presidenta avaló congelar por 120 días las principales variables macroeconómicas. Boudou, en una actitud lindante con la ilegalidad, les anticipó a los banqueros que el dólar oficial quedará planchado hasta las elecciones. Moreno le comunicó a la Copal que no autorizará aumentos de precios a partir del primero de julio hasta la fecha del comicio. Para los expertos, el «congelamiento» puede aplacar la inflación, pero arma un serio problema para el futuro: en la UIA temen un fuerte reacomodamiento de precios a partir del día después del recuento de votos.
El ministro de Economía tendrá que decidir hoy la posición que sostendrá Argentina en la crucial elección para titular del FMI. Boudou sugirió acompañar una resolución que ya fue tomada en el exterior y no consultada al Palacio de Hacienda: seguir a Brasil, que resolvió votar a favor de Christina Lagarde.
La designación de la ministra de Francia es un nuevo error de la comunidad financiera internacional. Es una abogada no economista inflexible y mucho más ortodoxa que su polémico antecesor.
Así, el ministro Amado Boudou votará a la futura y nuevo verdugo de la Argentina. Lagarde no incluyó a Buenos Aires en su gira proselitista porque tiene una gran desconfianza sobre el gobierno de Argentina.
La candidata le hizo a Boudou algunos desplantes en reuniones del G-20. Hubo varios encuentros pactados que promocionó el ministro y que Lagarde imprevistamente suspendió. La última vez que se cruzaron fue en París, cuando Boudou fue a negociar con el Club de París. Lagarde lo recibió y se sacó la foto protocolar, pero fue contundente: le trasmitió a Boudou que el Club de París no iba a abrir las negociaciones hasta que Argentina no entregara por escrito una propuesta seria de pago. Lagarde utilizó frases terminantes. Desde ese momento, la negociación quedó estancada.
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Nadie lo dice abiertamente, pero los hombres de negocios ven una nueva forma de intimidación en esta decisión: la Unidad de Información Financiera incluyó a todos los máximos dirigentes del movimiento empresario en una lista de personas sujetas a investigación por lavado de dinero y corrupción.
Lo hizo utilizando atribuciones propias y según los líderes empresarios tergiversando la ley contra el lavado de dinero que sancionó la Argentina.
José Sbatella fijó los mecanismos de control a contramano de lo instrumentado en Estados Unidos y Europa. La medida provocó innumerables reuniones y quejas de la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y de la Construcción, así como la Asociación de Bancos. Lo mismo ocurrió en la Asociación Empresaria Argentina.
Enrique Wagner afirmó: «Es inadmisible». Carlos de la Vega coincidió: «Parece que quieren intimidar a los que trabajan en la acción gremial empresaria».
La dura reacción de los hombres de negocios obedece a un convencimiento íntimo: que el Gobierno habilitó a la UIF para tener una nueva herramienta eficaz a la hora de castigar a las asociaciones empresarias que sean rebeldes y no se alinean con la Casa Rosada.
En concreto, para los dirigentes empresarios se trata de otra presión del Gobierno contra el mundo de los negocios. El kirchnerismo ya utilizó la UIF para lanzar persecuciones contra hombres de negocios que no comulgan con el Gobierno. También la Casa Rosada intentó sin éxito quebrar el frente empresario, atacando a la AEA y también a la UIA.
Guillermo Moreno fogoneó una desafiliación en la AEA, que tuvo un ínfimo y efímero acatamiento. Amado Boudou trabajó para quebrar la unidad en la UIA, pero la central fabril se unificó bajo el mando de Ignacio de Mendiguren. Ahora, los líderes del establishment temen que estas disposiciones se utilicen para castigar a los dirigentes empresariales díscolos.
El convencimiento surgió después de las primeras consultas con Sbatella. Un experto en el tema, el doctor Víctor Dosoretz, así lo confió a la comisión directiva de la Cámara de Comercio: «Hicimos las consultas y en la UIF nos dijeron que la decisión de incluir a las cámaras empresarias es política». La UIF estableció como personas sujetas a control por lavado y corrupción a todos los directivos de las asociaciones empresarias. Fue a través de la resolución 11/2011 que firmó Sbatella.
La medida implica que todos los dirigentes empresarios de la Argentina estarán sujetos a controles estrictos y deberán proporcionar datos financieros confidenciales al Gobierno. Al margen de las obligaciones de sus propias compañías, también tendrán que informar movimientos de sus cónyuges, hermanos e hijos. La medida se aplicó al incorporar a los dirigentes empresarios en una lista de «Personas Políticamente Expuestas». De Mendiguren explotó en una reunión privada de la UIA: «Esto no existe en ningún país del mundo.» La primera reacción en el movimiento empresario fue la cautela. Muchos creyeron que Sbatella sobreactuó, para compensar la inacción que tuvo durante largo tiempo y mereció la reprobación internacional. El papelón del caso Sergio Schoklender fue el último de una larga lista de la UIF. Pero también se sostiene que Sbatella amplió el número de personas a investigar para diluir la vigilancia sobre los funcionarios y los delitos de corrupción de los políticos.
El tema se tratará en la próxima reunión del Grupo de las 6 entidades del establishment. Los hombres de negocios prometen una durísima declaración pública.
Los empresarios también están preocupados con la estrategia que tomó el Gobierno para tranquilizar temporalmente a la inflación. En una clara decisión electoral, la Presidenta avaló congelar por 120 días las principales variables macroeconómicas. Boudou, en una actitud lindante con la ilegalidad, les anticipó a los banqueros que el dólar oficial quedará planchado hasta las elecciones. Moreno le comunicó a la Copal que no autorizará aumentos de precios a partir del primero de julio hasta la fecha del comicio. Para los expertos, el «congelamiento» puede aplacar la inflación, pero arma un serio problema para el futuro: en la UIA temen un fuerte reacomodamiento de precios a partir del día después del recuento de votos.
El ministro de Economía tendrá que decidir hoy la posición que sostendrá Argentina en la crucial elección para titular del FMI. Boudou sugirió acompañar una resolución que ya fue tomada en el exterior y no consultada al Palacio de Hacienda: seguir a Brasil, que resolvió votar a favor de Christina Lagarde.
La designación de la ministra de Francia es un nuevo error de la comunidad financiera internacional. Es una abogada no economista inflexible y mucho más ortodoxa que su polémico antecesor.
Así, el ministro Amado Boudou votará a la futura y nuevo verdugo de la Argentina. Lagarde no incluyó a Buenos Aires en su gira proselitista porque tiene una gran desconfianza sobre el gobierno de Argentina.
La candidata le hizo a Boudou algunos desplantes en reuniones del G-20. Hubo varios encuentros pactados que promocionó el ministro y que Lagarde imprevistamente suspendió. La última vez que se cruzaron fue en París, cuando Boudou fue a negociar con el Club de París. Lagarde lo recibió y se sacó la foto protocolar, pero fue contundente: le trasmitió a Boudou que el Club de París no iba a abrir las negociaciones hasta que Argentina no entregara por escrito una propuesta seria de pago. Lagarde utilizó frases terminantes. Desde ese momento, la negociación quedó estancada.
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