Consenso general para sancionar una ley de riesgos de trabajo en 2011
Argentina – 15/05/2011 – Buenos Aires Económico – Pág. 16/Sección: Argentina – Tiempo de Lectura: 4′ 54»
La Argentina bajó la siniestralidad, pero se multiplicaron los juicios por responsabilidad civil
La Argentina bajó la siniestralidad, pero se multiplicaron los juicios por responsabilidad civil
En el marco del impulso al diálogo social emprendido por la presiden-la Cristina Fernández, una nueva ley de riesgos de trabajo vuelve a ser tema central para empresarios y trabajadores. Los proyectos de la UIA y la CGT. Las bajas en la siniestralidad y la industria del juicio.
En el año del «Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores» -declarado así por la jefa de Estado- desde el gobierno se hace especial foco en la atención de las políticas laborales y es por esto que hace días, en el marco de las reuniones llevadas a cabo con representantes de la UIA, la CGT, CAME, la SRT y demás organizaciones, la presidenta instó a que se trabajara intensamente en la salida de la Ley de Riesgos de Trabajo, en combatir la litigiosidad y el fraude laboral. En este marco, desde el ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, se puso al frente del pedido de la mandataria y advirtió que se debe buscar una ley que «acentúe más la prevención, y que no siga siendo una ley en donde sólo se discute la indemnización después del accidente».
Entre los puntos de mayor desacuerdo se encuentra la llamada doble vía -que da la posibilidad de litigar por vía judicial-, la cobertura de los accidentes in itinere, la alta litigiosidad y la incorporación de comités mixtos de seguridad e higiene.
En este marco, la cúpula de la UIA, la CGT y la CAME fueron recibidas en diferentes oportunidades por la presidenta quien puso de manifiesto la necesidad de lograr consenso para salir adelante con esta ley. En diálogo con BAE, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó la importancia de este nuevo marco de diálogo dado que en la actualidad el sector se ve muy afectado por un sistema que «en 2004 tenía menos de 4 mil juicios por responsabilidad civil, y ahora prácticamente tiene 60 mil, lo que demuestra una verdadera industria del juicio que es la consecuencia de tener un sistema que se ha convertido en estímulo para el reclamo».
Desde la CGT, el diputado Héctor Recalde, celebra también esta nueva etapa de diálogo que se avecina aunque advierte que «se buscará llegar a un acuerdo, pero la CGT no va a ceder en sus principios; los derechos no se negocian, se ejercen». Recalde sostiene que han sido muchas las instancias de negociación a lo largo de los años que llevan a que la discusión se centre en temas como «la doble vía sobre la que ya la Corte se expidió y es inútil seguir chocándose la cabeza contra la pared-, tampoco quieren hacerse cargo de los accidentes in itinere».
LITIGIOSIDAD. Uno de los puntos sobre los que la presidenta hizo foco es la preocupante litigiosidad donde por ejemplo, la Superintendencia encontró en Córdoba y Mendoza «un fraude judicial donde se inventaban testigos y las mismas demandas se repetían por 300 veces».
Sobre esto, Funes de Rioja estima que el monto promedio de los pleitos oscila alrededor de los U$S 40.000 por cada acción, siendo el monto de las costas de los juicios alrededor de los U$S 2.500 millones.
Por su parte, el abogado de la CGT hace hincapié en un problema que la ley trae consigo desde hace años ya que «nace a partir de un acuerdo que firmó la CGT oficialista de 1994 con las grandes cámaras patronales como la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de la Argentina, la Sociedad de Bancos Argentina y la Sociedad Rural; esta ley fue pensada como un negocio y no para proteger a los trabajadores de enfermedades y accidentes».
Recalde sostiene la idea de que ante la existencia de «mayor prevención y una justa reparación», el trabajador no recurrirá a las instancias judiciales; asimismo, rechaza de plano que los trabajadores sean partícipes de una industria del juicio y sostiene que «esa supuesta industria la hacen los que promovieron la ley inconstitucional, los que tienen trabajadores en negro, aquellos que se oponen a que la ley prevea todas las enfermedades profesionales y accidentes». Sobre este punto, el diputado avanzó fuertemente y ejemplificó que «de existir trabajadores con una mentalidad pleitera, habría una base de 4 millones de pleitos, porque cada trabajador en negro tiene derecho a un pleito, ya que la ley vigente establece que por cada sueldo que se cobra en negro, se le debe pagar un 25% más… y no hay juicios de esta clase».
En contrapunto, desde la UIA manifiestan que más allá de que en 2009 se hayan modificado los montos indemnizatorios, con fuertes incrementos de las alícuotas, no se redujo la litigiosidad que marcó, según estima Funes de Rioja, «que de 27 mil juicios que había en 2008, en 2011 estemos prácticamente en 60 mil».
PYMES. Lo cierto es que esta falta de previsibilidad afecta gravemente y en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas a las que este tipo de acciones las podría desestabilizar. Desde la CAME explican a BAE que «las Pymes pagan cuatro veces más de alícuota que las grandes empresas» y piden que se estudie la conformación de un fondo solidario para que cuando ocurra un riesgo de determinada magnitud se pueda afrontar. (Ver entrevista…) Tanto desde la UIA, como desde la CGT, coinciden plenamente en que la incertidumbre afecta gravemente al sector, especialmente a las micro y pequeñas empresas. «Pagan una póliza 400% más cara que las grandes empresas», advierte Recalde.
Lo cierto es que el debate por la LRT es un tema que trae consigo años de pujas y que hoy vuelve a traerse a la mesa de diálogo, pero esta vez de manos de la presidenta. Ambos sectores se muestra predispuestos a dialogar, aunque parecen sostener vigentes viejos reclamos. «Vamos a trabajar en encontrar las fórmulas que satisfagan de la mejor manera los diferentes intereses contrapuestos, para que converjan en un objetivo común: mejorar la prevención, reducir la sinistralidad, dar la mejor atención médica al siniestrado, y una reparación justa», sintetiza Funes de Rioja.
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En el año del «Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores» -declarado así por la jefa de Estado- desde el gobierno se hace especial foco en la atención de las políticas laborales y es por esto que hace días, en el marco de las reuniones llevadas a cabo con representantes de la UIA, la CGT, CAME, la SRT y demás organizaciones, la presidenta instó a que se trabajara intensamente en la salida de la Ley de Riesgos de Trabajo, en combatir la litigiosidad y el fraude laboral. En este marco, desde el ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, se puso al frente del pedido de la mandataria y advirtió que se debe buscar una ley que «acentúe más la prevención, y que no siga siendo una ley en donde sólo se discute la indemnización después del accidente».
Entre los puntos de mayor desacuerdo se encuentra la llamada doble vía -que da la posibilidad de litigar por vía judicial-, la cobertura de los accidentes in itinere, la alta litigiosidad y la incorporación de comités mixtos de seguridad e higiene.
En este marco, la cúpula de la UIA, la CGT y la CAME fueron recibidas en diferentes oportunidades por la presidenta quien puso de manifiesto la necesidad de lograr consenso para salir adelante con esta ley. En diálogo con BAE, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó la importancia de este nuevo marco de diálogo dado que en la actualidad el sector se ve muy afectado por un sistema que «en 2004 tenía menos de 4 mil juicios por responsabilidad civil, y ahora prácticamente tiene 60 mil, lo que demuestra una verdadera industria del juicio que es la consecuencia de tener un sistema que se ha convertido en estímulo para el reclamo».
Desde la CGT, el diputado Héctor Recalde, celebra también esta nueva etapa de diálogo que se avecina aunque advierte que «se buscará llegar a un acuerdo, pero la CGT no va a ceder en sus principios; los derechos no se negocian, se ejercen». Recalde sostiene que han sido muchas las instancias de negociación a lo largo de los años que llevan a que la discusión se centre en temas como «la doble vía sobre la que ya la Corte se expidió y es inútil seguir chocándose la cabeza contra la pared-, tampoco quieren hacerse cargo de los accidentes in itinere».
LITIGIOSIDAD. Uno de los puntos sobre los que la presidenta hizo foco es la preocupante litigiosidad donde por ejemplo, la Superintendencia encontró en Córdoba y Mendoza «un fraude judicial donde se inventaban testigos y las mismas demandas se repetían por 300 veces».
Sobre esto, Funes de Rioja estima que el monto promedio de los pleitos oscila alrededor de los U$S 40.000 por cada acción, siendo el monto de las costas de los juicios alrededor de los U$S 2.500 millones.
Por su parte, el abogado de la CGT hace hincapié en un problema que la ley trae consigo desde hace años ya que «nace a partir de un acuerdo que firmó la CGT oficialista de 1994 con las grandes cámaras patronales como la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de la Argentina, la Sociedad de Bancos Argentina y la Sociedad Rural; esta ley fue pensada como un negocio y no para proteger a los trabajadores de enfermedades y accidentes».
Recalde sostiene la idea de que ante la existencia de «mayor prevención y una justa reparación», el trabajador no recurrirá a las instancias judiciales; asimismo, rechaza de plano que los trabajadores sean partícipes de una industria del juicio y sostiene que «esa supuesta industria la hacen los que promovieron la ley inconstitucional, los que tienen trabajadores en negro, aquellos que se oponen a que la ley prevea todas las enfermedades profesionales y accidentes». Sobre este punto, el diputado avanzó fuertemente y ejemplificó que «de existir trabajadores con una mentalidad pleitera, habría una base de 4 millones de pleitos, porque cada trabajador en negro tiene derecho a un pleito, ya que la ley vigente establece que por cada sueldo que se cobra en negro, se le debe pagar un 25% más… y no hay juicios de esta clase».
En contrapunto, desde la UIA manifiestan que más allá de que en 2009 se hayan modificado los montos indemnizatorios, con fuertes incrementos de las alícuotas, no se redujo la litigiosidad que marcó, según estima Funes de Rioja, «que de 27 mil juicios que había en 2008, en 2011 estemos prácticamente en 60 mil».
PYMES. Lo cierto es que esta falta de previsibilidad afecta gravemente y en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas a las que este tipo de acciones las podría desestabilizar. Desde la CAME explican a BAE que «las Pymes pagan cuatro veces más de alícuota que las grandes empresas» y piden que se estudie la conformación de un fondo solidario para que cuando ocurra un riesgo de determinada magnitud se pueda afrontar. (Ver entrevista…) Tanto desde la UIA, como desde la CGT, coinciden plenamente en que la incertidumbre afecta gravemente al sector, especialmente a las micro y pequeñas empresas. «Pagan una póliza 400% más cara que las grandes empresas», advierte Recalde.
Lo cierto es que el debate por la LRT es un tema que trae consigo años de pujas y que hoy vuelve a traerse a la mesa de diálogo, pero esta vez de manos de la presidenta. Ambos sectores se muestra predispuestos a dialogar, aunque parecen sostener vigentes viejos reclamos. «Vamos a trabajar en encontrar las fórmulas que satisfagan de la mejor manera los diferentes intereses contrapuestos, para que converjan en un objetivo común: mejorar la prevención, reducir la sinistralidad, dar la mejor atención médica al siniestrado, y una reparación justa», sintetiza Funes de Rioja.
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VOCES Y ACUERDOS PARA LA NUEVA LEY
CARLOS TOMADA
MINISTRO DE TRABAJO
«Se debe buscar una ley que acentúe la prevención y que no siga siendo una ley donde sólo se discute la indemnización después del accidente»
DANIEL FUNES DE MOJA
VICEPRESIDENTE DE LA UIA
«En 2004 tentamos de 4 mil juicios por responsabilidad civil, y ahora prácticamente 60 mil, lo que demuestra una verdadera industria del juicio»
JUAN GONZÁLEZ GAVIÓLA
TITULAR DE LA SRT
«En los últimos tres años, la Argentina tuvo una caída del 30% de los accidentes mortales y más de un 20% de accidentes comunes. Hay menos accidentes y mas trabajo»
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Form. de Recursos Humanos)
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