No hay estatizaciones a la vista

Argentina – 18/04/2011 – Ambito Financiero – Pág. 3 – Tiempo de Lectura: 2′ 21»
 
La reciente decisión del Gobierno de designar directores en función de sus tenencias accionarias ha generado críticas equivocadas. Son medidas que preservan la representación de los intereses del Estado y nada tienen que ver con sesgos denominados como intervencionistas o estatizantes. Desde un punto de vista, que podríamos denominar «práctico», la política llevada a cabo por la ANSES -a través de los directores escogidos- fue favorable al desenvolvimiento de

 

las empresas y, al mismo tiempo, permitió ejercer el lógico control en función de los intereses generales. El análisis de este tema no puede realizarse prescindiendo de considerar la dinámica que tuvieron las administradoras de fondos de pensión durante toda su existencia: las AFJP nacieron en la década de los 90 y fueron absolutamente funcionales a sectores empresarios concentrados y administradas con criterios ajenos a los que su marketing decía tener por objeto. Así existieron decisiones de suscripción de acciones, compra de títulos por el propio mercado, endeudamiento a gobiernos nacionales o provinciales que respondían a incumbencias específicas de las administradoras de pensión. El direccionamiento que desde 2003 se realizó de las inversiones de las AFJP, y la posterior nacionalización de éstas por parte del actual Gobierno fueron disposiciones adoptadas en función de la falta de eficiencia y equidad de las decisiones de las AFJP. Asimismo, este cambio estratégico facilitó al Gobierno enfrentar la crisis internacional garantizando el pago de deuda pública y atenuando los impactos de ésta en los niveles de actividad. La tarea de la ANSES en ese sentido se ha mostrado eficiente. Resguardo: En este marco se produjo el nombramiento de directores que representarán la participación del Estado y en todos los casos ha existido una actitud que compatibilizó el resguardo de los intereses de la ANSES con la propia actividad de las empresas. No es esta decisión del Gobierno una señal que altere ningún fundamento económico, sino que es una medida que protege al conjunto de la sociedad. Otra faceta surge en este contexto: la injusta descalificación a trayectorias o formaciones en función de pertenencias a agrupaciones específicas (como, por ejemplo, La Cámpora). Las conductas o gestiones no pueden analizarse basadas en generalizaciones ideológicas o afiliaciones partidarias. Podrán compartirse o no posiciones surgidas de esta agrupación, pero es un desatino señalar falta de capacitación en muchos de sus miembros. Sin embargo, son otros los temas o desafíos centrales de nuestra economía. Existen significativos retos futuros para favorecer el crecimiento de la economía, tales como lograr una tendencia declinante de la inflación (sin recurrir a planes contractivos), garantizar la competitividad de la economía o lograr un Estado con creciente jerarquía para ejercer sus intervenciones. El esfuerzo conjunto debe orientarse a profundizar el análisis de estos objetivos, para así poder consolidar una nueva etapa de crecimiento y favorecer crecientes inversiones en los próximos años.(*) Exministro de Economía y Producción de la Nación.

Por: Miguel Peirano (*)
Exministro de Economía y Producción de la Nación
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